El Código de Buenas Prácticas Bancarias (CBP) puesto en marcha por el Gobierno para ayudar a aquellas familias que, por causas de la crisis, no han podido hacer frente a sus pagos hipotecarios recibió 22.998 solicitudes en 2014, de las que 9.728 supusieron la reestructuración de la deuda (un 275% más que en 2013) y 2.829 terminaron en daciones en pago (215% más que en 2013).
Según ha informado el Ministerio de Economía, más de 31.500 familias se han beneficiado de las distintas medidas impulsadas por el Gobierno desde 2012 para apoyar a las familias a quienes la crisis ha impedido seguir haciendo frente a sus pagos hipotecarios.
Desde entonces, se han registrado 37.416 solicitudes para su aplicación. De ellas, 12.650 familias finalizaron en reestructuraciones viables de deuda, en 3.843 casos se acordó la dación en pago con la consiguiente extinción de la deuda y en 6 casos hubo quitas, lo que supone un total de 16.499 familias beneficiadas. Además, en este periodo se han paralizado 13.000 lanzamientos y cerca de 2.000 familias se han beneficiado de un alquiler social.
La progresiva mejor acogida de las medidas incluidas en el CBP se explica por las mejoras introducidas en la Ley 1/2013 de 14 de mayo que supusieron ampliar y flexibilizar las herramientas de protección.
Ley de la segunda oportunidad
Previsiblemente estas cifras aumentarán en los próximos meses, porque el RDL de Segunda Oportunidad aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de febrero ha ampliado el ámbito de aplicación del CBP para ampliar el colectivo de posibles beneficiarios.
En concreto, se ha incrementado el límite anual de renta familiar hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Rentas Múltiples). Hasta ahora se calculaba por 12 pagas y ahora se hará por 14, con lo que pasa de 19.170,39 euros a 22.365,42 euros en 2015.
Se amplían también los supuestos de especial vulnerabilidad, para incluir a los mayores de 60 años. Además, se ha elevado el límite de precio de adquisición de los inmuebles que podrán beneficiarse del CBP hasta 300.000 euros (250.000 euros para la dación en pago).
Se ha establecido igualmente la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo si las hubiere para los deudores protegidos por el CBP. Por último, se ha extendido hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables.
