El Gobierno francés ha decidido aumentar la presión fiscal sobre los grandes salarios de ese país con la creación de un nuevo impuesto del 3% sobre aquellos que perciban más de 500.000 euros anuales.
"Se trata de una imposición excepcional cuya duración fijamos hasta que se alcance el objetivo del 3% de déficit. Cuando lleguemos a ese objetivo, programado para 2013, la medida será suprimida", informó el primer ministro francés, François Fillon.
La iniciativa, anunciada a ocho meses de las próximas elecciones presidenciales, se produce un día después de que dieciséis de las mayores fortunas francesas pidieran al Gobierno que les imponga un impuesto especial para contribuir a salir de la crisis que vive el país. Entre los firmantes figuran el presidente de L'Oreal y su máxima accionista, los patrones de la petrolera Total, el grupo hotelero Accor, el alimentario Danone, el banco Société Générale, el operador de comunicaciones Orange, la aerolínea Air France-KLM y el fabricante automovilístico PSA Peugeot-Citröen.
Los acaudalados franceses que suscriben la petición se suman así a las declaraciones de algunos multimillonarios que, a título personal, habían expresado en sus últimos días su deseo de contribuir de manera excepcional al erario público, siguiendo la senda marcada en Estados Unidos por el magnate Warren Buffett.
Este impuesto a los franceses con ingresos más altos se enmarca en el plan anunciado para ahorrar 12.000 millones de euros de déficit público entre 2011 y 2012 y garantizar así el cumplimiento de los objetivos de déficit máximo del 5,7 % este año, el 4,5 % en 2012 y el 3% en 2013. La iniciativa gubernamental fue presentada junto con una rebaja de las previsiones del Ejecutivo sobre el crecimiento económico francés, que será del 1,75% en 2011 y 2012, y no del 2 y de 2,5%, respectivamente, según las últimas estimaciones gubernamentales.
Fillon anunció además otra serie de medidas, entre las que se contempla una modificación del impuesto sobre sociedades, la supresión de algunos "nichos fiscales" o el incremento de la presión fiscal sobre algunas rentas de capital y sobre las ventajas fiscales de ciertas inversiones inmobiliarias destinadas a los servicios.
