LEY DE NIETOS
Ley de Nietos a debate: El Gobierno no garantiza que pueda sacar a los nietos antes del 29N porque es "una cuestión compleja"
Fuentes del Gobierno aseguran que el principal problema es que no existe ningún registro para diferenciar a los nacionalizados legalmente de los que lo hicieron sin presentar acreditación de condición de nietos de exiliados.
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El Gobierno mantiene el pulso con el Supremo por la conocida como 'Ley de Nietos'. Desde Moncloa advierten que no tienen capacidad para expurgar del censo electoral a los nacionalizados españoles y que es imposible determinar la vía por la que obtuvieron dicha nacionalidad.
Por otro lado, el Supremo ha suspendido de manera cautelar los efectos electorales de la ley de nietos, aunque el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez complica el escenario. Para entender bien la 'ley de nietos' y su posible impacto en las elecciones del 29N, el juez Manuel Ruiz de Lara considera que es importante tener en cuenta varios aspectos.
¿Qué pasa si no demuestran que son familiares de exiliados?
Según explica el magistrado, el Supremo ha establecido una medida cautelar que actúa en doble sentido. Por un lado, las personas que estaban inscritas en el CERA "pero no han acreditado esa condición de nietos o hijos de exiliados, no pueden votar", y por otro lado, para aquellas personas que aún no han sido inscritas en el CERA "se suspende la inscripción, por lo que tampoco pueden votar". Sin embargo, el Supremo "hace una salvedad".
De esta forma aquellas personas que a través de las oficinas consulares "puedan acreditar que eran hijos o nietos de exiliados sí podrán votar".
Garantizar la transparencia
La pregunta que ahora se hacen muchos es si finalmente esos nacionalizados pueden acabar votando el próximo 29N si el Constitucional les da la razón. En este sentido, el magistrado insiste en que "hay que recordar que estamos en una serie de medidas cautelares", es decir, el procedimiento aún no ha terminado y por lo tanto "los recursos de amparo que serían interpuestos en su caso por ciudadanos individuales, nunca por el Gobierno, se tienen que interponer una vez finalizado el proceso".
Además, asegura que estas medidas del Supremo son "para garantizar la transparencia y la limpieza del censo".
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