Castellano
Alumnos de la Comunidad Valenciana denuncian que no pueden hacer los exámenes en castellano
Los alumnos denuncian un veto al castellano por parte de su centro escolar. Por su parte, la Conselleria de Educación asegura que no les corresponde hacer valoraciones, alegando que el tema está judicializado.
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El problema del castellano en las aulas llega a la Comunidad Valenciana. Dos estudiantes de Formación Profesional han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia autonómico denunciando el veto al castellano en sus centros escolares.
Los dos alumnos han denunciando no poder hacer los exámenes en castellano, asegurando que tanto la dirección de los centros escolares como la Conselleria de Educación se lo niegan. Asimismo, han pedido utilizar los materiales de las asignaturas también en castellano, salvo las materias lingüísticas, algo que también se lo han impedido.
"Dado que mi lengua materna es el español y no comprendo el valenciano, solicité que, al menos, se me permitiese usar mi idioma en la realización de los ejercicios y exámenes para evitar una disminución en mis resultados académicos", recoge la denuncia presentada por uno de los jóvenes, que asegura, además, que le advirtieron verbalmente de una posible penalización en sus notas finales.
A esta denuncia se ha sumado la asociación 'Hablamos Español', que ha cargado duramente contra los centros escolares por la discriminación lingüística, y ha puesto sobre la mesa la necesidad de una ley nacional que "respete los derechos lingüísticos de forma serie".
"No se pueden restar puntos ni prohibir al alumnado por utilizar el castellano en exámenes u oralmente porque no hay ninguna sanción establecida y sería imposible establecerla", ha explicado a 'Antena 3 Noticias' su presidenta, Gloria Lago.
La Conselleria de Educación prefiere no pronunciarse
En este momento, la situación se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en los próximos meses se pronunciará sobre la legalidad de este veto.
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Mientras tanto, desde la Conselleria de Educación prefieren no hacer declaraciones al respecto y aseguran que no les corresponde hacer valoración, alegando que el tema está judicializado y es ahora la Abogacía de la Generalitat la que se debe pronunciar.
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