Procés
¿De dónde sale el dinero del fondo creado por la Generalitat para pagar las fianzas del Tribunas de Cuentas?
El Gobierno de Cataluña ha publicado este miércoles el decreto sobre el fondo de 10 millones de euros para hacer frente a los pagos que reclaman el órgano fiscal a varios ex altos cargos independentistas.
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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este miércoles la "legalidad" del fondo creado para ayudar a los ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias por promover el 1-O en el extranjero: "Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley", ha dicho.
"Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración", ha sostenido el president durante su comparecencia en el Parlament sobre "la desjudicialización del conflicto político entre Cataluña y España".
"El Tribunal de Cuentas nos persigue por lo que pensamos, no por lo que hemos hecho. Nos persigue por opinar, no hay presunción de inocencia y eso es represión", ha dicho el mismo día que la Generalitat ha presentado el decreto ley sobre el llamado Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), que tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros para hacer frente a las fianzas por valor de 5,4 millones que reclama el órgano fiscalizador.
Origen del dinero
Aragonès se ha expresado en estos términos después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya apuntado que estudiará la solidez jurídica del decreto ley por el cual se crea el mencionado fondo, que PP, Cs y Vox ya han apuntado que recurrirán.
El monto del fondo en cuestión viene de las aportaciones de los avalistas de la Caja de Ingenieros. Su presidente, Félix Masjuan Teixidó. Este organismo fue el que gestionó la 'caja de solidaridad' que abonó la fianza de 150.000 euros para que Carme Forcadell saliera de prisión en 2017.
Aragonès, que ha negado la irregularidad legal del fondo, ha asegurado que la Generalitat ha hecho "lo que haría cualquier gobierno" para proteger a sus trabajadores y velar por que se respete su "presunción de inocencia" frente a una persecución "ideológica".
"Es injusto que hoy se vean obligados a responder con su patrimonio porque no se les juzga porque se hayan saltado las normas, sino por la intencionalidad de sus ideas políticas", ha apostillado.
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