El fraude y la evasión fiscal cuestan a cada contribuyente una media de 2.000 euros más al año en impuestos, al tiempo que suponen un agujero en la recaudación de las arcas públicas, según han recalcado hoy los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
En un comunicado, con motivo de las próximas elecciones generales del 26 de junio, Gestha ha recordado que "la factura del fraude la pagan los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias", por lo que ha pedido al nuevo Gobierno que salga de las urnas que ponga en marcha un plan integral que permita reducir la economía sumergida, la cual asciende al 24,6 % del PIB según sus cálculos.
Asimismo, ha afirmado que debido a estas prácticas, unidas a los efectos de la crisis económica, desde 2008 se ha perdido una recaudación fiscal de más de 253 millones de euros acumulados.
En concreto, Gestha ha señalado que esta pérdida se ha notado especialmente en el impuesto de Sociedades, que entre 2007 y 2014 bajó un 58,2 %, mientras que las grandes multinacionales tributan en la actualidad a un tipo medio efectivo de alrededor del 6 %, cuando el resto de empresas lo hace al 15 %.
Ha señalado también que la presión fiscal en España sigue estando por debajo de la media europea, puesto que, según la oficina estadística Eurostat, en España la presión fiscal es del 34,4% del PIB, frente al 40% de la media de la UE y al 41,5% de la correspondiente a la zona euro.
Gestha considera que si la presión fiscal se ajustara a los estándares medios de la UE España recaudaría al año alrededor de 60.000 millones de euros, lo cual permitiría a su vez recortar el déficit público, que excedió los objetivos marcados por Bruselas en 10.000 millones de euros en 2015.
Por ello, la organización ha propuesto recaudar a medio plazo unos 40.000 millones de euros más al año mediante "una mayor coordinación y colaboración entre las administraciones tributarias autonómicas y la estatal", así como la creación de una base de datos única para las mismas.
Además, los técnicos ven imprescindible que las entidades españolas que operan en paraísos fiscales faciliten información a la Agencia Tributaria (AEAT) sobre los titulares de cuentas y los productos.
En este sentido, han recordado que el importe del patrimonio de los españoles en paraísos fiscales se sitúa por encima de los 160.000 millones de euros, de los cuales 144.000 millones estarían ocultos.
Por otra parte, Gestha ha reclamado que se destinen más efectivos a la lucha contra el fraude, ya que actualmente la Agencia Tributaria solo tiene un empleado por cada 1.928 contribuyentes, frente a países como Francia, donde hay uno para menos de la mitad de contribuyentes (860).
El sindicato calcula que España necesitaría 26.718 nuevos funcionarios para combatir el fraude con plenas garantías.
