Dos condenados por los ERE fraudulentos en Andalucía piden que se revise su pena tras la reforma del delito de malversación

Carmen Martínez Aguayo ingresó en prisión el pasado 29 de diciembre por la condena de 6 años y 2 días de cárcel por un delito de malversación en el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Tras la reforma del delito de malversación ha pedido a la Audiencia de Sevilla que revise su pena "revocando la condena de prisión impuesta y manteniendo como única pena la de inhabilitación especial".

La exconsejera de Hacienda indica en su escrito elevado a la Audiencia, que la nueva normativa "hareformado el Código Penalcon relación a los delitos de malversación, modificación que confiere necesariamente un tratamiento penal diferente por los hechos a los que ha sido condenada" Martínez Aguayo. Según la defensa de Aguayo, "el tipo delictivo por el que ha sido condenada de modo principal o con pena más grave, el artículo 432 del Código Penal, ha sido modificado con un tratamiento más favorable para los hechos enjuiciados", con "un tipo con una descripción más restrictiva que el de la redacción vigente al tiempo de los hechos", que "no tienen encaje en la nueva redacción del artículo 432 del Código Penal"

Subsidiariamente, solicita que se revoque parcialmente la sentencia, absolviéndola del delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y que se la condene en su lugar por un delito del actual artículo 433 del Código Penal, en su modalidad agravada, en concurso medial con el delito de prevaricación; revocando la condena de prisión impuesta y condenándola a una pena de dos años, seis meses y un día de prisión y a una pena de inhabilitación especial de cuatro años y un día.

El ex director general de IFA/IDEA, Miguel Angel Serrano , condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión por el mismo asunto y también cumpliendo ya su pena, ha solicitado igualmente la revisión de su condena, considerando que "la conducta descrita en los hechos probados ha de ser subsumida, en todo caso, en el vigente artículo 433 del Código Penal".

"Puesto que en la relación de hechos probados no se describe que la desviación presupuestaria haya causado grave daño al servicio al que originariamente estaban adscritos los caudales malversados (cubrir la cuenta de ganancias del Ifa/Idea), la pena a imponer, tras la revisión, deberá moverse en inhabilitación de empleo o cargo público de uno a tres años y multa de tres a doce meses, sin que proceda privación de libertad", considera la defensa.

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