El Tribunal de Cuentas condena a Artur Mas y a tres exconsellers a pagar 4,9 millones de euros por la consulta del 9-N

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente catalán Artur Mas y a otros exaltos cargos autonómicos a devolver casi cinco millones de euros gastados por la Generalitat de Cataluña en organizar y celebrar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre 2014.

Según la sentencia han sido condenados Mas, los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega y seis personas más por los gastos originados por la consulta del 9N, cifrados en 4.946.788,16 euros.

Los magistrados otorgan a Artur Mas la principal responsabilidad, ya que consideran que él tendría que responder por todos en caso de que los demás no puedan hacer frente al reembolso.

El exconseller de Presidencia Francesc Homs debe responder por casi dos millones de euros que se emplearon para financiar campañas de publicidad institucional, soporte informático, envío de correo postal a los catalanes y el centro de prensa organizado para la cobertura de la consulta.

Por los medios informáticos también debe responder la exvicepresidenta Joana Ortega y el exsubdirector de Servicios de Governación Luis Beltrán. A Ortega, además, se le considera responsable de un gasto de 865.674 euros que conllevó además la organización de una página web institucional, la fabricación del material para ser empleado en la votación y el seguro de los voluntarios que trabajaron el 9 de noviembre de 2014. Estos dos últimos conceptos también se atribuyen a la exdirectora de Servicios de Gobernación Josefina Valls.

Para los magistrados, la exconsellera de Enseñanza, Irene Rigau, fue responsables del coste que produjo la adquisición de los 7.000 ordenadores que se usaron en las mesas de votación y el transporte de los mismos a los colegios. Todo ello por un total de 2,8 millones de euros que, al igual que en el resto de partidas, deberán afrontar todos los demandados de forma conjunta y solidaria.

Jordi Vilajoana, quien fuera asesor del expresidente, y el exdirector general de Difusión de la Generalitat y actual responsable de Medios Ignasi Genovés también deben responder por la campaña de publicidad institucional. Se les atribuye un gasto de 806.403 euros.

El Tribunal de Cuentas sentencia además al exdirector del DOGC Jaume Domingo por envío de información a los ciudadanos a través de correo postal y a la exdirectora de Servicios de Presidencia Teresa Prohías por otro contrato en relación con la consulta, aunque no especifica cuál.

La alcaldesa de Valencia, María José Català, investigada por prevaricación y tráfico de influencias