El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el 'caso Púnica'. En medio de un intenso calendario de citaciones que abarcan desde el 9 de septiembre hasta el 18 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha llamado a declarar a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes.
Los informes de la Guardia Civil aportan indicios de la asistencia a reuniones clave con responsables de empresas como Indra o su conocimiento de pagos a través de la Fundación Fundescam. Por su parte, el expresidente Ignacio González ya estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del partido, en el marco del 'caso Lezo', y tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B, el juez ha decidido también citarle a declarar el 17 de octubre.
El magistrado atiende así a la petición que le había formulado hace justo un mes la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación de los tres expresidentes en esta pieza de 'Púnica', así como de otra treintena de personas entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, que están citados el 14 de octubre. Por su parte, el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia empresa en calidad de persona jurídica también han sido citados como investigados, como pedía Anticorrupción, concretamente el 4 de octubre, según el listado de la providencia. El juez García Castellón ha convocado igualmente al exdiputado de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola, que declarará el 1 de octubre como Cifuentes, y al exdirector de la Agencia Informática y de Comunicación de la Comunidad (ICM) Silvano Corujo, el día 18. Con un calendario que incluye a un total de 43 personas, el magistrado relanza así la investigación del 'caso Púnica' y, concretamente, de la pieza que indaga en si el PP que presidió Esperanza Aguirre se financió ilegalmente en varias campañas electorales.
La investigación se inició en 2014 tras el hallazgo de una agenda del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el 'cabecilla' de la trama Púnica, en la que pueden leerse unas siglas junto a determinadas cantidades de dinero. Se investiga si estas letras pertenecen a presuntos donantes del PP regional que habrían sufragado las campañas electorales a cambio de adjudicaciones públicas, algo que este investigado siempre ha negado. Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregados al juzgado en los últimos meses sitúan a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación política durante las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011, en las que Aguirre presidía a los 'populares' madrileños. Ya en un informe firmado en marzo de 2017, Anticorrupción incluía a Aguirre en la lista de personas que habrían integrado la "red de decisión y ejecución cohesionada" que puso en marcha "diversos canales de financiación irregular" con el objetivo de "sufragar los excesos" de las campañas electorales del PP en 2007 (municipal y autonómica), 2008 (nacional) y 2011 (municipal y autonómica). Todo ello tras analizar la contabilidad B hallada en los 'pen drives' incautados en el domicilio del exgerente del partido Beltrán Gutiérrez.
Aguirre siempre ha negado cualquier relación con delitos de corrupción, incluso declaró que ella descubrió la trama Gürtel. Lo único que lamentaba era que de los más de 500 cargos que había nombrado "dos le hubieran salido rana", por Granados y González.
