Las reacciones a la renovación del Constitucional: "El Gobierno cambia la ley a su beneficio"

La reforma del Tribunal Constitucional (TC) es el próximo objetivo que persiguen los distintos grupos políticos. Diferentes juristas han opinado sobre la situación. "Reducir las mayorías es reducir las garantías. Las garantías de un sistema democrático que subyace en el respeto a todas las normas y no en cambiar las reglas del juego. Dependiendo quien gobierne en un momento u otro", argumenta María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación de la Magistratura.

"Tenemos un gobierno que cuando encuentra un obstáculo cambia la ley a su beneficio", asegura Jorge Fernández Vaquero, profesor de la Asociación Judicial de Francisco de Vitoria. Se necesitan dos legislaturas para la reforma del Constitucional. El Congreso eligió hace un año a los candidatos al Constitucional y al Tribunal de Cuentas, pero con menos votos de los que suman el PSOE, el PP y Unidas Podemos, las tres formaciones que pactaron las candidaturas.

El Gobierno no está dispuesto a cruzarse de brazos ante la crisis institucional tras el bloqueo. La modificación del Constitucionalestá planteada de la siguiente manera: cada vocal propondrá un candidato máximo. El plazo de presentación de las solicitudes estará vigente durante tres días hábiles, "tendrá la obligación de convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados ". Una vez constituido el pleno y con las candidaturas presentadas, se someterán a votación. Se elimina así el proceso de mayorías , algo con lo que muchos partidos están en contra.

PSOE y Unidas Podemos presentan dos enmiendas a la reforma del Código Penal para que los vocales o el presidente del CGPJ que bloqueen la renovación incurran en responsabilidades penales y para suprimir el requisito de verificación de los nuevos magistrados por parte del Tribunal.

Enmienda para los empresarios

Hay en marcha otra enmienda para castigar a los empresarios a que cumplan la legislación laboral. El proyecto pasó de ser una exigencia de Unidas Podemos a ser una enmienda real, de la formación morada junto al PSOE.

Una de las intenciones de esta nueva enmienda es acabar con los 'falsos autónomos' de las empresas de envío a domicilio. La enmienda sobre el delito de enriquecimiento lícito por la que se aplicarán penas de prisión de 6 meses hasta 3 años. Hay otra enmienda que obliga a castigar a los empresarios con penas de cárcel por incumplir la legislación laboral.

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