El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto este miércoles una fianza de 400.000 euros al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados para salir de prisión donde se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 por su presunta implicación en en la trama Púnica.
En su resolución, el juez modifica la prisión incondicional por prisión eludible con fianza de 400.000 euros tras los últimos registros practicados en la pieza relativa a irregularidades en la empresa pública Arpegio y tras levantar el secreto de sumario de la pieza número 14 de la trama, relacionada con la financiación presuntamente irregular del Partido Popular.
Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional entiende que disminuye el riesgo de que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid "pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas". Además también es menor el riesgo de fuga debido al tiempo transcurrido desde su detención y encarcelamiento en la madrileña cárcel de Estremera hace dos años y medio.
El magistrado tilda de "positivo" que el exsecretario general del PP madrileño pueda acudir "en otras condiciones" al primer juicio oral de esta causa sobre el presunto chivatazo que dos guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO) le dieron de que estaba siendo investigado.
Entiende que la cantidad de la fianza interpuesta es "proporcional" dado que los riesgos de fuga y destrucción de pruebas "no han desaparecido del todo", si bien le impone comparecencias dos veces al mes así como facilitar número de teléfono y correo para ser localizado de forma permanente, fijar domicilio y le prohíbe salir del territorio nacional sin autorización judicial.
Pidió su libertad la semana pasada
La defensa del presunto cabecilla de la trama solicitó su libertad por última vez el pasado 8 de mayo alegando que sus hijas adolescentes le necesitan y alegó que no tiene otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer y que han quedado reducidos a una "ridícula cantidad" al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.
En su escrito remitido al magistrado, la defensa del exalcalde de Valdemoro insistió en que su familia vive en una "modesta casa hipotecada" en la que las niñas comparten habitación y recordó que no tiene más bienes que los que le han bloqueado en el marco de la instrucción del procedimiento y descarta que exista patrimonio oculto en el extranjero.
Respecto a la posibilidad de destrucción de pruebas, su representación procesal expuso que no tiene potestad para hacer desaparecer documentación relacionada con la trama Púnica porque los diversos cargos públicos que ostentó los abandonó hace varios años, lo que hace "absolutamente imposible imaginar ese supuesto".
"¿Es que casi cuatro años después de haberse iniciado las investigaciones, de haberse incautado una ingente documentación y de haberse practicado numerosas comisiones rogatorias y tomado declaración a todas la personas que se ha tenido por oportuno, se pretende sostener que todavía existen no se sabe qué pruebas que el señor Granados pueda destruir? La pregunta se contesta por sí sola. ¡Y vamos para tres años!", reza el escrito que remitió al magistrado.
