La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Corinna Larsen declare desde la Embajada española en Londres

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la empresaria y examiga del rey emérito Corinna Larsen declare ante la Audiencia Nacional por videoconferencia y desde la Embajada española en Londres, una declaración prevista para el próximo día 28. La Fiscalía cree que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea no es legal esta forma de declarar y que para hacerlo así se necesita una orden europea de investigación.

Anticorrupción señala en un recurso que esa decisión del magistrado "orilla" el cumplimiento de las obligaciones contraídas por España en el marco de la cooperación jurídica internacional, que exigen seguir el cauce de una orden europea de investigación.

El Ministerio Fiscal hace referencia en su escrito al artículo 197 de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, que fija como "único instrumento para obtención de prueba penal" la orden europea de investigación (OEI). Y apunta que esto no puede ser sustituido mediante el procedimiento acordado en la resolución del juez del 1 de septiembre.

Corinna Larsen declarará en calidad de investigada en el marco de la pieza 'Carol' de la macrocausa Tándem, en la que se investiga un supuesto encargo que Corinna habría hecho a Villarejo para obtener información sobre una asistente personal española de la que sospechaba que pudiera estar filtrando información de su vida privada.

Si bien recuerdan los fiscales que aunque las embajadas tienen la consideración de territorio español, esta evidencia "no puede servir de cobertura para eludir el cumplimiento de disposiciones que regulan la cooperación jurídica internacional". "La ejecución de la diligencia en la embajada de España en Reino Unido conculcaría la legalidad vigente en menoscabo de la soberanía de Reino Unido", señalan.

La Fiscalía Anticorrupción insiste en que la petición de García-Castellón de interrogar a la examiga de Juan Carlos I en Londres debe canalizarse a través del Ministerio de Justicia y del de Asuntos Exteriores, excluyendo la comunicación directa del juzgado con la embajada.