La venta de falsificaciones ocasionan una pérdida anual de 15.000 millones

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado que la lucha contra la venta ilegal de productos falsificados es un prioridad para el Gobierno y ha subrayado que se trata de un problema creciente desde los años 90, que se ha visto potenciado con el comercio electrónico.

La venta ilegal también supone los riegos que conllevan para la salud y los derechos de los consumidores, así como que se trata de prácticas relacionadas con delitos como fraude fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de personas. Maroto ha considerado urgente que los distintos poderes públicos colaboren en la lucha contra las falsificaciones, y ha destacado que por ello se elaborará un Plan Nacional de lucha contra la falsificación 2019-2020.

El presidente de la OEPM y subsecretario de Industria, Fernando Valdés, ha explicado que los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual aportan el 42 % del PIB y generan el 38 % del empleo directo e indirecto en España, con una remuneración muy por encima del salario mínimo. Para protegerlos, el plan buscará potenciar la coordinación entre todas las administraciones implicadas y con jueces y fiscales, así como impulsar la formación de los trabajadores de aduanas o implicar a los usuarios con diversas campañas publicitarias.

Está previsto que el próximo viernes el Consejo de Ministros de luz verde al proyecto de Ley de Marcas, uno de las regulaciones "estrella" de Maroto.