La Junta de Extremadura ha mostrado su "sorpresa" por que el Ministerio de Hacienda informe del inicio de procedimiento para aplicar a la región medidas "coercitivas", poco después de aprobar los presupuestos regionales de 2016 "claramente orientados" a la estabilidad y a mejorar el pago a proveedores.
En rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, se ha referido así al hecho de que Hacienda pretenda retener fondos del Estado a Extremadura -junto a Aragón- para pagar directamente a sus proveedores tras el incumplimiento durante 18 meses del período medio de pago, establecido en 30 días.
La consejera ha lamentado que Hacienda "vuelva a las andadas" y remita a la Junta el pasado viernes una carta en estos términos, pocas horas después de aprobar unas cuentas en la Asamblea que "subsanan aquellos tremendos errores" que cometió el PP al "no presupuestar correctamente las necesidades del Servicio Extremeño de Salud".
Blanco-Morales ha asegurado que esto dejó "un agujero inasumible" que lastra las cuentas públicas y ha añadido que donde está "el cuello de botella" es precisamente en los pagos del SES. En este sentido, ha explicado que los presupuestos autonómicos para 2016 incluyen "dos medidas sustanciales": el incremento de la dotación presupuestaria de 150 millones de euros y ampliar el confirming (servicio financiero de gestión de pagos) hasta 240 millones de euros, algo que se pondrá en marcha de inmediato.
Estas, entre otras medidas, permitirán a la Junta seguir mejorando el plazo medio de pago a proveedores, por lo que "las medidas coercitivas no tendrán sentido". Además, cree que el Ministerio no puede exigir ahora "lo que ha consentido años atrás" cuando actuó de forma "irresponsable" al permitir unos presupuestos para Extremadura en 2015 con "un agujero de 600 millones" y al aprobar para 2016 un presupuesto que, según Europa, era "inasumible" en cuanto al objetivo de déficit.
En su opinión, el Gobierno central ha sido "irresponsable" con "regalos fiscales y reformas tributarias" para las que "no tenía margen y que se hicieron solo con carácter electoralista".
En el caso de Baleares, Beteta avisa al Ejecutivo de las islas que en aplicación del artículo 18.4 de la Ley de Estabilidad, queda en "alerta" a la espera de que antes del 15 de abril remitan al Ministerio de Hacienda el plan en el que se adopten las medidas para reducir gastos e incrementar ingresos, "acelerando, en su caso, la aplicación de las previstas en su plan de ajuste", para lograr que el pago medio a proveedores no exceda de los 30 días.
Además, la Secretaría de Estado de AAPP ha comunicado a otras ocho autonomías la obligación de adoptar medidas para que cumplan con los plazos de pago a proveedores. Se trata de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla León, Cantabria, Galicia y Asturias. En el caso de Valencia, la comunicación que ha remitido en el Ministerio mantiene en la situación de alerta a esta CCAA en virtud del artículo 18.4.
