El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas calcula que unos 5.900 ayuntamientos españoles son ineficientes porque prestan sus servicios a un coste superior del que podrían prestarlos, según los cálculos del departamento. En concreto, se trata de 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes, el 92% del total, y de 344 de entre 5.000 y 20.000, el 60%.
El texto que prepara el gobierno pasará al Consejo de Estado, será a continuación aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a las Cortes. Se espera su aprobación este mismo año y su entrada en vigor el próximo 1 de enero.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene unas cifras de lo que pueden costar los servicios municipales. De hecho, ya ha calculado que la aplicación de esta ley puede ahorrar 7.129 millones de euros, el 20%, por aplicación de este concepto. Sin embargo, asegura que cerrará la fórmula de ese coste estándar en los próximos meses y en colaboración con ayuntamientos y comunidades autónomas, según han explicado fuentes del ministerio.
Una vez que se apruebe la ley, todos los municipios someterán a examen sus servicios; los que estén por debajo de 20.000 habitantes, perderán la gestión del servicio que presten de manera ineficiente, según el coste de Hacienda, y serán las diputaciones o las comunidades (en caso de las uniprovinciales) las que se encarguen. Junto al servicio, las diputaciones recibirán la financiación y los funcionarios que los municipios dediquen a él.
Los ayuntamientos de mayor tamaño, podrán ceder esa gestión voluntariamente o aplicarse para mejorar la eficiencia, con la amenaza de que se les aplique la ley de estabilidad presupuestaria y sus mecanismos de intervención.
La creación de este coste estándar ha sido controvertida y cuenta con la oposición frontal del PSOE, que interpreta la idea como un paso hacia la privatización de servicios municipales que conllevará, añade, una pérdida de calidad.
Cinco años de margen
Los ayuntamientos afectados tendrán cinco años para recuperar las competencias perdidas, que podrán ser una, varias o todas. Durante ese tiempo, según las mismas fuentes, la corporación municipal deberá dedicarse a preparar un plan de ajuste para recuperar esa gestión y a trabajar con la diputación para ello. No perderán su capacidad política, puesto que los eligen los ciudadanos, pero no tendrán otra gestión que hacer en el caso extremo de que pierdan todas las competencias.
Desde Hacienda se ha hecho hincapié en que el hecho de que un 8 por ciento de los pueblos más pequeños sean eficientes es la demostración del que resto también lo puede ser. Y añaden que desde que se comenzó a hablar de este concepto de coste estándar, y a través de las docenas de reuniones con representantes locales, los municipios ya han aplicado ahorros y ajustes.
De hecho, son más los ayuntamientos con superávit (4.623 en 2012) y este año, en mayo, Hacienda ha recibido más de 6.000 de las obligatorias liquidaciones de presupuestos en mayo, un 40 por ciento más que el año anterior. "La ley ha entrado en vigor antes de estar en vigor", dicen estas fuentes.
Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se insiste en que el coste de los servicios baja cuanto mayor es la población a la que se le presta. La densidad, de hecho, es el único factor que se ha tenido en cuenta al calcular el coste estándar; es decir, la dispersión de la población se tendrá en cuenta al medir lo que a un municipio le cuesta dar un servicio.
Así, según Hacienda, en los pueblos pequeños se paga tres veces más: 1.219,98 euros es el coste por habitante y año en un municipio de menos de 5.000 habitantes de unos servicios que en una ciudad de más de 100.000 vecinos cuestan 445,44 euros.
Una 'horquilla salarial' para funcionarios
El contenido completo de la reforma local, con la que Hacienda lleva lidiando más de un año, será presentado este martes en la CNAL, en la que participa la Federación Española de Municipios y Provincias. La norma regula, además de este asunto del coste estándar, qué competencias son obligatorias, cómo convenir con las comunidades la prestación de las competencias que son suyas pero que prestan los municipios (llamadas impropias), la aplicación de la ley de estabilidad, etc.
Las fuentes de Hacienda han asegurado que además se va a buscar el establecimiento de una "horquilla salarial" para los funcionarios locales, con la que evitar la enorme dispersión que hay entre ellos y entre todos ellos y los funcionarios del Estado.
Sin embargo, no han precisado cómo, ni si significará que algunos van a perder sueldo. Se está trabajando en ello y se incluirá cada año en la Ley de Presupuestos del Estado.
