El Tribunal Supremo busca esclarecer el concepto de 'acoso sexual' para las sanciones a trabajadores públicos

El Tribunal Supremo ha anunciado que va a revisar minuciosamente el concepto de 'acoso sexual', de cara a las sanciones que se les vaya a imponer a trabajadores públicos condenados por esta cuestión. El anuncio se produce después de que un hombre anunciara un recurso ante el Alto Tribunal tras ser suspendido de su empleo como profesor en la Universidad Rey Juan Carlos por cometer "una infracción muy grave de acoso sexual de carácter continuado".

Un juzgado de Madrid admitió a trámite su recurso y terminó fallando a su favor, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó la sentencia y es por ello que este hombre ha decidido tomar cartas en el asunto, yendo a la máxima autoridad competente. Aunque la suspensión de sus funciones era por tan solo seis meses, el hombre decidió recurrirlo ipso facto, considerando que no se habían aplicado correctamente las diligencias pertinentes.

Actualmente, hay tres conductas que son consideradas como acoso sexual, en base a la Ley de Igualdad Efectiva, las cuales son "los comportamientos verbales o físicos de acoso, los comportamientos de carácter sexual, y los comportamientos que sean ofensivos, o sea que estemos ante unos comportamientos antijurídicos". El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se adhirió a ello para mantener la suspensión de funciones de este individuo condenado.

¿Igualdad en el sector público y privado?

El problema que puede acarrear la revisión de este concepto también puede repercutir en las personas que sean acusadas, y en función de si trabajan en el sector público o el privado. Al anunciar el Tribunal Supremo que su decisión de aclarar el concepto de 'acoso sexual' para determinar cuando debe ser tenida en cuenta una 'falta grave' en los trabajadores públicos, existe preocupación por si esta aclaración los diferenciará de quienes trabajan en el sector privado.

La justicia debe pronunciarse sobre qué ocurrirá en este caso en concreto, y el Tribunal Supremo indagará para saber cómo actuar en futuros casos. Sin embargo, el temor a que esto pueda suponer un antes y un después a la hora de diferenciar las condenas y/o sanciones entre trabajadores públicos y privados, aviva el debate sobre cómo debe aplicarse la legislación, y si debe eliminarse toda diferencia legal de este ámbito entre el sector público y el privado.

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