Vox denuncia a Irene Montero y Rafael Mayoral por presuntos pagos de Ecuador a empresas vinculadas a Podemos

Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, por presuntos pagos de Ecuador a empresas vinculadas a Unidas Podemos.

El partido liderado por Santiago Abascal les acusa de delitos de financiación ilegal de partidos políticos y tráfico de influencias.

Abonos mensuales para financiar Podemos

De acuerdo con lo que dice el comunicado de Vox, la denuncia se enmarca en las declaraciones del exembajador de Ecuador, Pascual de Cioppo, sobre abonos mensuales de hasta 1,2 millones de euros anuales a través de "posibles pagos a Montero y Mayoral con el objetivo de financiar a Podemos".

Insisten en que la empresa a través de la que se recibirían dichos pagos sería Kinema Sociedad Cooperativa y estaría formada por Rafael Mayoral, Ana Marcello, exdiputada de Podemos, y Elena Marcello, actual presidenta de la sociedad. Asimismo, indican que se habría firmado con la anterior embajadora de Ecuador.

El partido asegura que el contrato entre Kinema y el Gobierno de Ecuador contaría con una cláusula de confidencialidad para que los pagos permanecieran ocultos.

Testigos

En la denuncia, Vox hace referencia a los testigos que han declarado que, según dice, han asegurado que Podemos exigía a todas sus delegaciones territoriales que se utilizara Kinema.

El partido de Abascal pide a la Fiscalía Anticorrupción que se practiquen las siguientes diligencias:

• Que se tome declaración a Irene Montero, a Rafael Mayoral y al actual embajador de Ecuador en España.
• Requiere que se libre de oficio a la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal para identificar la cuenta corriente en la que se recibieron los pagos y su concepto.
• Solicita que se libre de oficio a Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña para que identifique los pagos recibidos y aporte el libro de socios.
• Pide que se libre de oficio al Gobierno de Ecuador para la identificación de los contratos y pagos realizados.