La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha remarcado que su labor pública la ejerce tanto en La Moncloa como en el Parlamento, pero ha dejado claro que su vivienda es "otro terreno" que pertenece a su vida personal y su familia.
Sáenz de Santamaría ha expresado de esta forma su malestar por el 'escrache' que sufrió la pasada semana frente a su casa por un numeroso grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que durante este mes están reproduciendo este tipo de protestas frente al domicilio particular de varios diputados del PP.
La vicepresidenta ha recordado que cada viernes comparece ante la prensa en La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros para responder a las preguntas que se le requieran y ha insistido que también está a disposición de la ciudadanía en el Parlamento, donde se somete a las sesiones de control de los parlamentarios.
"Aquí o en el Congreso es donde se me pueden o deben hacer preguntas e incluso manifestar malestares. Pero mi casa es otro terreno, mi vida personal y sobre todo mi familia", ha insistido después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, también haya tenido oportunidad de expresar su condena a este tipo de protestas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha lamentado este viernes el escrache sufrido la semana pasada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en su domicilio y según ha dicho "de manera muy especial que eso lo viviera su hijo Iván".
Además ha anunciado que ya han remitido a la Fiscalía las denuncias presentadas contra los que participaron en el acto y ha advertido de que en caso de que se considere que alguno incurrió en una infracción legal se suspendería temporalmente su procedimiento administrativo.
Ha tachado esta acción como un acto "radicalmente antidemocrático de acoso que pretendía coaccionar", pero se ha mostrado seguro de que "no va a dar ningún resultado"."Tengo que decir que en ese momento estuve en contacto permanente con ella", ha dicho en referencia a la vicepresidenta al tiempo que ha defendido que lo que hizo la Policía fue aplicar la ley que organiza el derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana.
"En la primera se tipifica como obligatorio que toda concentración de personas deberá ser comunicada previamente y es falta muy grave incumplir esto", ha explicado.
