El tribunal que juzga el proceso independentista en Catalunya ha escuchado la versión contraria a la que ofrecieron los policías y guardias civiles que participaron en el dispositivo para impedir el referéndum del 1 de octubre de 2017: la de los votantes. Todos ellos testigos solicitados por las defensas de los acusados.
Han hablado de violentas agresiones de los agentes contra personas que, según ellos, siempre actuaron de forma "pacífica". En general, los votantes han relatado los mismos hechos, pero desde una perspectiva muy distinta a la que tienen policías y guardias civiles: si éstos dijeron que los manifestantes les impedían la entrada a los centros de votación ejerciendo una resistencia activa, colocándose estratégicamente para ello -sentados o con los brazos entrelazados-, los votantes afirman que estaban ejerciendo su derecho a manifestarse; si los agentes aseguraron que utilizaron la mínima fuerza imprescindible sin sacar las defensas reglamentarias la mayoría de las veces y que les agredieron con patadas y puñetazos, la otra parte habla de palizas y porrazos de los policías y que los votantes se defendían "con las piernas"; si los primeros califican de acoso el seguimiento de los votantes cuando se marchaban con las urnas y el material electoral, los segundos sólo consideran que les "acompañaban".
Además, varios testigos, algunos de ellos alcaldes, han afirmado que las semanas previas a la consulta independentista ilegal no escucharon llamamientos expresos del Govern de Carles Puigdemont para acudir a las urnas. Uno de ellos ha matizado: "llamamientos, no; información de que se iba a celebrar el referéndum, sí".
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