La Comisión Europea asegura que corresponde a España "implementar las sanciones" por el viaje de Delcy Rodríguez

La Comisión Europea (CE) ha explicado que corresponde a cada Estado miembro vigilar que se cumple el régimen de sanciones comunitario contra países terceros, como es el caso de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, contra la que se aplica una restricción de viajar a territorio europeo.

El ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, y la 'número dos' de Nicolás Maduro mantuvieron una reunión en el aeropuerto madrileño de Barajas, pese a que Rodríguez tiene prohibida la entrada en la UE. "La implementación de las restricciones de viaje es un asunto que corresponde a los Estados miembros y, por supuesto, esperamos que todos los Estados miembros cumplan con el régimen de sanciones que han acordado", ha señalado la portavoz comunitaria de Exteriores Virginie Battu.

Corresponde a "la autoridad nacional relevante" determinar si se ha incumplido el régimen de sanciones, que los Estados miembros adoptan por unanimidad en el Consejo de la UE y quedan vinculados a cumplir. Si hay una violación del régimen "corresponde al Estado miembro evaluar la situación", añadió.

Delcy Rodríguez tiene prohibida la entrada en el espacio de libre circulación Schengen desde junio de 2018, cuando su nombre fue incluido en la lista de personas sancionadas por la Unión Europea por ser cómplices de la represión en Venezuela. Así consta en el Diario Oficial de la Unión Europea que recoge que Rodríguez fue incluida entre los sancionados el 25 de junio de 2018, lo que implica que tiene prohibida la entrada a suelo europeo y que sus activos en la UE serán congelados.

La Unión Europea ha incluido a un total de 25 personas en su régimen de sanciones por sus vínculos con la represión de Maduro en Venezuela. En el caso de la vicepresidenta y expresidenta de la Asamblea Constituyente que la UE considera ilegítima, la UE explica las sanciones por "sus acciones" desde la comisión presidencial y desde la Asamblea Constituyente después para "minar la democracia y el Estado de derecho en Venezuela".