La sesión plenaria de la Asamblea del PDeCAT ha rechazado relajar el régimen de incompatibilidades hasta el punto de que los consellers puedan estar en la dirección, como pretendían los afines a Carles Puigdemont para poder introducir en la ejecutiva a Miquel Buch y Damià Calvet, que ya no podrán sumarse.

Si bien la ponencia organizativa de la asamblea del PDeCAT incorporó a última hora una enmienda que permite relajar el régimen de incompatibilidades para formar parte de la dirección, quedó para el plenario de este domingo si esto incluía a los miembros del Govern, para que pudieran estar en el nuevo órgano directivo.

En el congreso fundacional del PDeCAT, en 2016, se aprobó una enmienda impulsada por la Joventut Nacionalista de Cataluña que establecía un estricto régimen de incompatibilidades, que impedía por ejemplo a los miembros del Govern -o a los cuadros que ya acumulaban dos cargos- formar parte de la dirección.

Esta medida, pensada para poder incluir a los consellers Buch y Calvet en la dirección, ha sido rechazada por el plenario, que mantiene la incompatibilidad en este caso, según fuente demócratas consultadas por EFE.

La sesión plenaria ha validado hoy, en una votación ajustada, que el objetivo ya consensuado de "hacer efectiva la república" se lleve a cabo "lo antes posible", en vez de que sea de forma "inmediata".

En la jornada de este sábado, los asociados aprobaron en la comisión de la ponencia ideológica una enmienda para que en los estatutos figure el objetivo de "hacer efectiva la república", pero se elevó a la sesión plenaria de hoy la decisión sobre si debía hacerse de forma "inmediata" o "lo antes posible".

Fuentes del partido han indicado que el plenario ha aprobado finalmente que sea "lo antes posible", mientras que la propuesta de que fuera de forma "inmediata" ha sido rechazada, aunque solo por 9 votos de diferencia. Asimismo, según fuentes demócratas, consultadas por EFE, la Asamblea ha acordado la posibilidad de bloquear la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del grupo del Congreso o por otras vías, si se considera que el Estado no ha frenado la "represión" contra los líderes soberanistas.