Lobo ibérico
El lobo ibérico, de estar en riesgo de extinción a duplicar su población y sus ataques
La imagen de un ganadero cargando a cuestas un ternero recién nacido para evitar un ataque de lobo es muy significativa sobre cómo han aumentado la población de este animal pero también sus ataques.
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El lobo ibérico lleva 3 años siendo una especie protegida en nuestro país y eso ha permitido que su población crezca un 26% en la última década, una buena noticia que también tiene su 'cara b' y es que también se han incrementado los ataques.
En Cantabria se ha pasado en los últimos 30 años de tener 3 grupos familiares de lobos a 20. También ha crecido el área geográfica por el que se mueve, un 92%. El Gobierno cántabro defendió en el Comité de las Regiones que los ataques de lobos al ganado extensivo constituyen "un problema de Europa" e impulsó la celebración de un debate para revisar el actual estatus de la especie.
Muy llamativa ha sido la imagen de un ganadero cargando a cuestas a un ternero recién nacido porque quería evitar que fuera atacado por el lobo. La inclusión en 2021, por parte del Gobierno, del lobo en el listado de especies protegidas LESPRE hizo extensivo a los territorios del norte del Duero el mismo nivel de protección con el que, hasta entonces, solo contaban las manadas radicadas al sur de este río.
Sin embargo, según la consejera cántabra, en la última década las manadas de lobos se han duplicado en su comunidad, y aseguró que esta especie es "un depredador que cierra la cadena alimentaria del sistema y que no tiene a ningún otro depredador encima".
Los ataques de lobos a la ganadería extensiva son una problemática compartida por, además de Cantabria, el resto de territorio situados al norte del Duero, como Galicia, Asturias o Castilla y León. El último ataque del lobo tuvo lugar la semana pasada, el animal llegó a matar 3 ovejas y los vecinos alertan de que lo peor es que poco a poco estos depredadores se van acercando cada vez más a los núcleos humanos.
Desde 2021 tanto la caza como el comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada está sancionado con multas de hasta dos millones de euros o por otro lado, en el supuesto de incurrir en infracción penal, hasta dos años de prisión.
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