Un juzgado de Vigo condena a un banco a reintegrar más de 30.000 euros a dos jubilados que fueron víctimas de 'phishing'

Hace dos años, en diciembre de 2021, dos jubilados de Vigo sufrieron varias transferencias desde sus cuentas a "múltiples destinos en el extranjero", según la sentencia, "sin atisbo de relación con los actores". Unos movimientos que se realizaron a través de la app del banco y que supusieron la pérdida de 30.600 euros para los titulares de la cuenta.

Ahora, las víctimas podrán recuperar su dinero después de que el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vigo haya condenado a la entidad bancaria a reintegrar la cantidad estafada. También deberá abonar los intereses generados desde el momento de los hechos, así como el pago de las costas.

Además, el juez de Vigo obliga al banco a "adoptar una serie de medidas de seguridad y dotarse de mecanismos de supervisión que permitan detectar operaciones fraudulentas". Entiende que la entidad no adoptó "medida de protección alguna, ni general ni específica. que resultara eficaz".

El magistrado señala en la sentencia que la entidad llegó a restituir o anular la primera de las transferencias realizadas, por lo que entiende que "hubo debido alertar a la entidad" de que podían estar siendo víctimas de un fraude bancario. Se apoya el juez en varias sentencias de la Sección Sexta de la Audiencia de Pontevedra en las que se exige al proveedor de servicios de pago el "cumplimiento de específicas obligaciones de protección en la emisión de los instrumentos de pago y en los procesos de autenticación de las operaciones de pago, cuya finalidad es minimizar la probabilidad de ejecución de operaciones no autorizadas".

Por su parte, el banco defiende que los demandantes habrían realizado voluntariamente los movimientos. Sin embargo, el juzgado entiende que los estafados fueron "simples sujetos pasivos" y "víctimas involuntarias" de la actuación fraudulenta y delictiva de terceros desconocidos.

Esta estafa, conocida como 'phishing', consiste en el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías u organismos públicos y solicitan información personal y bancaria al usuario. En este caso, unos terceros se hicieron pasar por un alto cargo de Abanca y solicitaron a los ancianos sus credenciales y contraseñas para acceder a las cuentas y hacerse con el dinero sin levantar sospechas.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

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