Uruguay venderá legalmente marihuana a menos de un euro el gramo

Uruguay venderá legalmente marihuana en farmacias con un precio que oscilará entre 20 y 22 pesos por gramo, menos de un euro, según el reglamento de la ley que legalizó su producción y compraventa en diciembre pasado divulgado hoy por el Ejecutivo uruguayo.

El presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Cánepa, dijo hoy que la tarifa del producto que se venderá en los locales habilitados será "fijado administrativamente" y no se permitirá la "competencia de precios", aunque sí cubrir los costes de producción, las tasas y el beneficio del productor.

En una rueda de prensa en la que se presentaron todos los detalles de la reglamentación, que entrará en vigor el próximo martes, Cánepa declaró que ese precio, "que será variable" en función de lo que decida el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCA), pretende que esté "por debajo del precio de la marihuana ilegal con un control de calidad muy alto".

Las únicas farmacias "habilitadas" para vender marihuana al público serán las "comunitarias" y las "de primera categoría", que podrán decidir libremente si distribuyen o no la droga. De hacerlo, deberán obtener un permiso del IRCA que se tendrá que renovar según establezca la organización, y también deberán cumplir todos los requisitos que exige el Ministerio de Salud uruguayo.

El beneficio de las mismas por la venta de este producto será el que ya se establece en Uruguay para la venta de otros productos de precio regulado y será aproximadamente del 30%. La marihuana a la venta en farmacias no podrá estar a la vista del público ni ser anunciada de ninguna manera, y deberá ser almacenada en condiciones de seguridad y controlada como los medicamentos que se expiden con receta, y el resto de productos "de uso controlado", añadió.

Cánepa adelantó, además, que según calculan los técnicos de la JND, las farmacias que lo deseen podrán estar vendiendo marihuana en los próximos meses de noviembre o diciembre. En función del volumen de consumidores de marihuana que tiene actualmente el país, el Gobierno de Uruguay decidió otorgar solo hasta seis licencias a empresas para producir la planta en cultivos en una superficie máxima de diez hectáreas.

El consumo está permitido desde hace cuatro décadas en Uruguay

Habrá "un mínimo de dos y un máximo de cuatro o seis licencias", y en este último caso se permitirá "hectárea y media por licencia", afirmó el secretario general de la JND, Julio Calzada, al presentar el reglamento de la ley que en diciembre pasado convirtió a Uruguay en las primera nación del mundo que otorga al Estado el control de la producción, distribución y venta de marihuana.

Cánepa también anunció que los límites para consumir cannabis en lugares públicos o privados y en actividades cotidianas serán "similares" a los que existen para el alcohol y el tabaco. Según el alto cargo uruguayo, el consumo de cannabis tendrá "prohibiciones similares a las que existen para fumar tabaco" en espacios cerrados en lugares públicos o espacios abiertos que correspondan a centros sanitarios o de índole educativa o deportiva.

En lo que se refiere a las actividades cotidianas, "todo conductor que tenga afectada su capacidad por el consumo de cannabis" será penalizado en caso de dar positivo en unas pruebas que se realizarán en las calles con muestras de saliva, aunque tendrá derecho a pedir otro examen para corroborarlo.

"Fumar cannabis durante la jornada de trabajo y durante todo el tiempo que el empleado esté al servicio del empleador" también será motivo de sanción, según Cánepa. En materia laboral se realizarán "controles aleatorios no invasivos de carácter preventivo en las empresas", pactados con "la organización sindical de base y de la rama", para detectar a los trabajadores que ingresen a su puesto de trabajo bajo los efectos del cannabis, sobre todo en labores de riesgo.

"Es lo mismo que impone el Consejo de Salarios (negociaciones colectivas) con respecto al alcohol", agregó Cánepa. El presidente de la JND también anunció que "se podrá prohibir el ingreso o permanencia en centros educativos de personas bajo los efectos de la marihuana".