Los militares realizaban tareas de control en una carretera del departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Tras la emboscada, los narcoterroristas se llevaban además todo el armamento.

El ataque supone un duro golpe para el ejército nacional colombiano y se produce tan solo tres semanas después de que las FARC anunciaran su intención de no llevar a cabo más secuestros extorsivos de civiles.

Un paso necesario pero no suficiente para el gobierno del país, que además exige la liberación de todos los secuestrados, el fin del reclutamiento de menores de edad, la renuncia a las actividades de narcotráfico y el cese de las acciones terroristas.

En un comunicado, las FARC aceptaban las reglas del gobierno para la liberación de diez policías y militares secuestrados, a cambio de que el ejecutivo colombiano permitiese las visitas del grupo "mujeres por la paz" a sus miembros presos en el país andino