La diputada de JxCat Laura Borràs (Archivo)

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CORRUPCIÓN

El Tribunal Supremo investiga a Laura Borràs, portavoz de Junts per Cat, por fraude en la adjudicación de contratos

La investigación en el Supremo está basada en los indicios de posibles delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”.

La Sala II del Tribunal Supremo ha abierto procedimiento penal a la diputada de Junts per Catalunya Laura Borràs Castanyer para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona cuando la aforada era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Se trata de averiguar las posibles irregularidades o trato de favor a un amigo en contratos. El tribunal designa instructor de la causa al magistrado de la propia Sala II Eduardo de Porres, conforme al turno prestablecido.

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. Se trata de las presuntas irregularidades en 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a su "amigo" Isaías Herrero, para programación informática, cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA. El asunto ya se estaba instruyendo en Cataluña antes de Borràs alcanzara la condición de aforada por un total de cuatro delitos: de falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Se hacían tres presupuestos

El Supremo destaca que los hechos descritos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Barcelona y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que necesariamente ha de ser muy provisional, "podrían ser constitutivos de los cuatro delitos señalados. Según la instrucción realizada hasta el momento existen indicios de la intención de dotar una "falsa apariencia de transparencia" al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa". Esta persona cercana a Borràs aportaba al procedimiento tres presupuestos, "de los cuáles dos, como mínimo, eran falsos o simulados". También, presentaba ofertas de empresas de terceros para que éstas fueran las adjudicatarias, cuando en verdad era Herrero el que prestaba los servicios. También se habrían realizado de forma conjunta la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público" y que los importes señalados en las facturas giradas no obedecían "al pago real y efectivo de los trabajos o servicios" por Herrero.

Como se facturaban "los trapis"

La exposición razonada remitida al Supremo incluye una serie de correos electrónicos entre ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos es el de 28 de febrero de 2013 en el que la dirigente de JxCat le pide al informático que le pase los presupuestos del 'Portal de las Letras Catalanas' para mirarlos "conjuntamente" y hacer "los retoques que sean necesarios". También reproduce los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que "hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto". En otros mensajes cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017 Herrero explica que ya tiene hechos dos de los tres presupuestos y que "el del portal" lo ha elaborado "contemplando los 40.000 euros, siendo a la hora de facturar cuando se harán las pertinentes particiones de no más de 18.000 euros". En este momento, Borràs indica que "el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA". Otra de las conversaciones que se tienen en cuenta es en la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que "con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa, yo facturo unos trapis por allí", en alusión al ILC y que tiene que hacer "dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...". Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.

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