El juez ha prohibido que se difunda la grabación del espionaje a la presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y ha pedido a la agencia su libro de registro de actividades. Todos hablan de los informes de espionaje, pero nadie reconoce haberlos encargado. Socialistas y nacionalistas catalanes niegan que los contrataran, y señalan a otros como posibles instigadores del espionaje.
El consejero de empresa de Cataluña, Felip Puig, presuntamente espiado por compañeros de su partido, hoy guarda silencio. CiU asegura que nunca ha contratado a la empresa Método 3 y que no se han espiado entre ellos. Josep Antoni Duran i Lleida apunta directamente a Madrid y ha pedido la comparecencia del director general de Inteligencia para que explique si han tenido o no alguna relación con esa agencia de investigación.
Los que supuestamente habrían ordenado los espionajes desde Convergència anuncian demandas. Se acumulan las demandas, porque los socialistas catalanes también prometen acciones judiciales. Hablan de manipulación en la factura que involucra a su exsecretario de organización, José Zaragoza, con la contratación de detectives. Desde la sede nacional del PSOE se evita poner la mano en el fuego por él.
Además, ya han sido aceptadas las primeras demandas presentadas por Alicia Sánchez-Camacho en el juzgado y en la policia. La presidenta del PP catalán le pide ahora al presidente Artur Mas que deje de hacer "el ridículo que hace cuando quiere justificar el caso de espionaje como si fuera en contra del proceso independentista" y le acusa de utilizar otra vez la misma cantinela de que la culpa de todo la tiene el resto de España.
