Rafael Catalá: "No existe un derecho al aborto como tal, por lo tanto no hay que derogarlo"

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido en que el aborto "no es un derecho" y ha confiado en que durante el trámite parlamentario del proyecto de ley el PP alcance los apoyos necesarios para lograr una reforma más amplia que la relacionada con el consentimiento paterno de las menores. 

A su juicio, en los años ochenta se alcanzó un "amplio y difícil" consenso respecto al aborto al que, en 2010, el PSOE, entonces en el Gobierno, "consideró que había que darle un par de vueltas", lo que, según ha dicho el ministro en Onda Cero, produjo "cierta ruptura". 

Tras esa "quiebra", ahora el Gobierno trata de encontrar "nuevos puntos de equilibrio" y de "identificar el consenso de la sociedad" buscando "elementos comunes entre los ciudadanos" y con el compromiso de avanzar en la regulación para que las menores de 18 años tengan que contar con sus padres "a la hora de tomar una decisión tan dura". 

"Los gobiernos estamos para resolver problemas, no para crearlos", ha apuntado el titular de Justicia. Ha insistido en que "no existe un derecho al aborto como tal", sino que lo que hay, ha explicado Catalá, es un derecho de las mujeres para tomar decisiones sobre su vida sexual y su actividad reproductiva y la sociedad ha utilizado "el eslogan del derecho al aborto para simplificar las cosas". 

"Por lo tanto no hay que derogar ningún derecho al aborto puesto que no existe como tal", ha subrayado. 

Ha reconocido que a la hora de reformar la legislación sobre el aborto se ha hablado con "todas las confesiones religiosas" y que las reuniones con los obispos y representantes de la Conferencia Episcopal son "normales". 

"Ellos preferirían algún avance mas allá, pero el Gobierno considera que la reforma ha de hacerse en términos de consenso social", ha reiterado. 

Sobre el retraso del Tribunal Constitucional (TC) en pronunciarse sobre el recurso presentado por el PP contra la ley del aborto de 2010, ha explicado que los pasos legislativos dados por el Gobierno y los procesos electorales son los que han hecho que el alto tribunal decida retrasar su decisión.