Los diputados y senadores de la próxima legislatura tendrán que asumir una serie de normas nuevas previstas en el Código de Conducta aprobado por la Mesa del Congreso, entre ellas la obligación de incluir cualquier actividad anterior a su toma de posesión y por la que hayan obtenido beneficios económicos.
A esta medida, según refleja el Código de Conducta, se suman también otras novedades como la obligación de detallar las donaciones o regalos "no remunerados" que se hayan obtenido con anterioridad a ocupar al escaño y que no hayan sido hechos por familiares y amigos.
Todas estas exigencias vinculantes que esperan a los diputados de la decimotercera legislatura se ponen sobre la mesa después de haber salido a la luz situaciones como la de la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, en relación con una sociedad mercantil que había compartido con su marido, o la de hace unos meses del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que creó una sociedad para gestionar una propiedad. Hasta ahora, los diputados y senadores solo tenían que dar cuenta de las actividades que desarrollaban en el momento de ocupar su escaño.
Otra de las cosas que plantea este documento, elaborado a partir de las recomendaciones recogidas en el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, es que los parlamentarios, antes de iniciar su labor, detallen esas donaciones u obsequios, incluidos viajes o invitaciones a eventos, que puedan ser relevantes a la hora de valorar un posible conflicto de intereses.
La declaración de bienes patrimoniales que tienen que hacer al inicio de la cada legislatura incorpora datos nuevos como el tipo de interés que se aplica a los créditos que hayan solicitado y la individualización del saldo existente en las cuentas bancarias que posean.
Novedad es también prever un régimen disciplinario para aquellos que incumplan el Código que se aplique y será la Comisión del Estatuto del Diputado o la Comisión de Incompatibilidades del Senado quienes resuelvan y recomienden, si procede, una sanción.
Incorpora además la creación de una Oficina de Conflictos de Intereses para resolver las dudas de interpretación que el Código pueda generar tanto a los parlamentarios, a los que también asesorará sobre lo que deben o no incluir en el registro, como a las Mesas de las dos cámaras.
Los parlamentarios deberán también hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia, incluyendo las reuniones que hayan mantenido con grupos de presión o cualquier otro colectivo o personas individuales que puedan tener intereses legislativos y eso incluye, por ejemplo, sindicatos, ONG o patronales.
Antes de ser aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara Baja, los grupos parlamentarios han podido plantear sugerencias al borrador que se les presentó antes de la redacción final del texto. Un texto que se planteó después de que el Consejo de Europa apercibiera a España porque de las once recomendaciones que hacía para mejorar la transparencia en el Parlamento solo cumplían siete de ellas y de manera parcial, por lo que calificaba la situación de "globalmente insatisfactoria".
En este Código de Conducta no se ha incluido finalmente una sugerencia de GRECO, que no gustaba a los partidos porque consideraba incluir además información patrimonial de los cónyuges y de otros familiares dependientes, aunque no tuviera que hacerse necesariamente pública.
