Enrique Rodríguez Galindo, exgeneral de la Guardia Civil con un amplio historial en la lucha contra ETA y condenado por su implicación en crímenes de los GAL, ha fallecido por coronavirus. Galindo, nacido en Granada en 1939, tuvo que ser ingresado en la UCI al agravarse su estado tras contagiarse de coronavirus hace unas semanas, como también se contagió su mujer.

El exgeneral, de 82 años, se hizo popular cuando en 1980 se hizo cargo de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, con sede en Intxaurrondo (San Sebastián).

Durante los quince años que pasó al frente de esta Comandancia fueron desarticulados unos 90 comandos de ETA y detenidos más de 800 terroristas, lo que le valió una prestigiosa reputación como experto en la lucha antiterrorista y le llevó a ser nombrado general de la Benemérita en 1995.

La reapertura del caso Lasa Zabala, relativo al secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, por guardias civiles de Intxaurrondo cuando Galindo era su máximo responsable, centró en él esta investigación judicial.

Tras ser llevado a juicio, el 26 de abril de 2000 la Audiencia Nacional le condenó a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras y el 9 de mayo ingresó en prisión.

Un año después, el Tribunal Supremo aumentó en cuatro años la pena de cárcel, y el 2 de abril de 2002 el que fuera el general más laureado en la lucha contra ETA perdió oficialmente su condición de miembro de la Guardia Civil.

En septiembre de 2004, y tras serle varias veces denegada la concesión del tercer grado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias permitió a Galindo que cumpliera su condena fuera de la cárcel dada la grave enfermedad cardiovascular que padecía y su avanzada edad.

La Dirección General resolvió sin embargo mantener el segundo grado de tratamiento al exgeneral, que el 1 de octubre abandonó la cárcel de Ocaña (Toledo) y ese mismo mes ingresó en una clínica de Zaragoza, aquejado de una crisis cardiaca.

En diciembre fue operado del corazón, y el 5 de enero de 2005 el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro le concedió finalmente el tercer grado penitenciario.