La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, irá a juicio por favorecer, presuntamente, al empresario Enrique Ortiz

El juez que investiga las supuestas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha procesado a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo ambos del PP, y al empresario Enrique Ortiz por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e información privilegiada.

La resolución, que ha sido hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras su notificación a las partes, da por cerrada la instrucción de esta causa más de ocho años después de iniciarse, en el marco de la operación Brugal.

La del PGOU es la única pieza derivada de ese sumario en la que está investigada la exalcadesa Castedo, después de que la Audiencia de Alicante haya confirmado el archivo definitivo de la rama referida al Plan Rabasa.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras concluir que existen indicios de que Alperi y Castedo favorecieron los intereses del empresario Enrique Ortiz en el diseño del PGOU de la ciudad.

Junto a estos tres implicados, el magistrado ha procesado al arquitecto responsable del diseño del plan investigado, Jesús Quesada, a los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano este último de la exalcaldesa), a los empresarios Ramón Salvador, Pablo Rico y Virgilio Ortiz (éste hermano de Enrique Ortiz) y al directivo de una mercantil, Santiago Bernáldez.