El informe sobre los Derechos Humanos en el mundo que publica anualmente el Departamento de Estado de EEUU recoge, en su capítulo sobre España, varios asuntos relacionados con el proceso secesionista y, entre otras cosas, señala que ninguna ONG internacional ha reconocido como "presos políticos" a los independentistas que están siendo juzgados por él.
"Ni el Gobierno ni ninguna ONG internacional de derechos humanos apoyó esta denuncia", dice el informe que, acto seguido, se limita a constatar que hay nueve miembros de partidos políticos y organizaciones sociales en prisión preventiva mientras son juzgados por delitos de rebelión, sedición o malversación. En cada ocasión en la que alude al referéndum del 1-O, el informe acota que fue "declarado ilegal" por los tribunales.
El texto, no obstante, también recoge que Amnistía Internacional pidió la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por considerar que la prisión era una "restricción desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica".
Acoso a periodistas
Por otro lado, se hace eco de una denuncia de Reporteros sin Fronteras (RSF), de abril de 2018, señalando que el 1-O había elevado las tensiones y "creado un ambiente asfixiante para los periodistas", y que las autoridades catalanas "aumentaron el acoso contra los periodistas 'pro unidad de España' en las redes sociales, mientras la Policía autonómica intimidaba a otros periodistas".
También señala que el informe de 2017 del fiscal de Barcelona para delitos de odio detectó un aumento de estos crímenes precisamente desde octubre, "mayoritariamente atribuibles a creencias políticas relacionadas con el movimiento independentista". En esa provincia, el 30,8 por ciento de los 279 casos registrados respondía a un discurso de odio y discriminación contra los que tenían opiniones políticas distintas.
El informe señala que la Constitución española consagra la independencia del Poder Judicial, y que el Gobierno respeta por norma general esta independencia e imparcialidad y la Justicia el derecho a un juicio justo y público.
Tampoco detecta informes significativos de malos tratos en los centros de detención, aunque sí se hace eco de las denuncias contra los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por sus condiciones y su sobreocupación. Sí recoge, no obstante, denuncias de maltrato por parte de las Fuerzas de Seguridad y cómo los tribunales negaron algunas de ellas. En este punto, constata que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura cifró en 1.014 personas las presuntamente maltratadas estando bajo custodia o en operaciones policiales, frente a 259 el año anterior. Ese aumento, precisa, está relacionado con los "choques" entre la Policía y los ciudadanos que pretendían votar en el referéndum del 1-O.
Devoluciones de migrantes y corrupción
El documento alude también a otros asuntos, como el informe de ACNUR que constata devoluciones de migrantes a Marruecos desde Ceuta y Melilla, sin tener la posibilidad de una revisión completa de sus casos en materia de asilo. El informe afirma, por otro lado, que "la corrupción fue un problema en el país" en 2018, antes de detallar la sentencia de la Audiencia Nacional que llevó a la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.
