Los acuerdos logrados por la Fiscalía Anticorrupción han permitido reducir el banquillo del caso Plaza, el mayor contra la corrupción instruido en Aragón, a un total de cinco acusados, cuyo enjuiciamiento ha sido aplazado hasta el lunes próximo. El acuerdo ha sido asumido hoy, entre otros, por los principales implicados y cabecillas de la trama, el gerente de la sociedad pública Plaza (Plataforma Logística de Zaragoza), Ricardo García Becerril, y el responsable de la UTE Acciona, Mariano López Navarro; que llevó a cabo la urbanización de la plataforma logística, José María Jordán.
Ambos acusados, que se enfrentaban a condenas de en torno a los veinte años de prisión, se han conformado con una pena de dos años y un día, que les obligará a ingresar en un centro penitenciario tras asumir los delitos continuados de malversación, falsedad documental y cohecho que se les imputaban. Además, otros once acusados se han conformado con penas menores sancionadas con multas sustituibles por días en beneficio de la comunidad, y a siete más les ha sido retirada la acusación penal aunque han quedado a disposición del tribunal como partícipes a título lucrativo.
Tras los acuerdos anunciados, en el banquillo se sentarán finalmente el exviceconsejero del Gobierno aragonés, Carlos Esco, y los empresarios Miguel Ángel Floría, Agapito Iglesias, María del Mar Jaso y Francisco Joven, que se enfrentarán a penas que oscilan entre los cinco y siete años de prisión. El fiscal Anticorrupción, José Grinda, ha solicitado aplazar la vista hasta el próximo lunes para dar a conocer a las defensas de estos acusados su nuevo escrito de acusación y los "cambios sustanciales" que se plantearán en las pruebas a proponer para la vista.
Tras la vista, Grinda ha explicado a los medios de comunicación que los acuerdos han sido posibilitados por la decisión de la empresa Acciona de pagar 50 millones de euros, quince de los cuales han sido ya consignados, para evitar su responsabilidad civil subsididaria en el pago de las cantidades defraudadas. Ha recordado, además, que el resto del dinero defraudado, un total de 147 millones, se resolverá por un procedimiento civil de arbitraje al que han dado su visto bueno tanto las acusaciones particulares en nombre del Gobierno aragonés y de la sociedad pública Plaza, como de la UTE.
Respecto de las condenas penales, ha destacado que sólo Ricardo García Becerril y Miguel Ángel Floría ingresarán en prisión para cumplir con sus respectivas condenas, además de los decomisos de bienes particulares que han aceptado para hacer frente a su responsabilidad civil. Entre otros bienes, García Becerril entregará por este concepto un apartamento en Salou, los 415.000 euros que le fueron intervenidos en este inmueble y una nave valorada en 700.000 euros. El representante fiscal, tras precisar que los decomisos son consecuencia en su mayor parte de sobornos, ha considerado las penas consignadas para los dos principales encausados como "proporcionales y justas", tras el acuerdo alcanzado para el pago de las cantidades defraudadas.
A este respecto, ha añadido que la responsabilidad civil reclamada al conjunto de los acusados también incrementará de forma sustancial la cantidad recuperada para la hacienda pública. La vista se reanudará el próximo lunes día 17, aunque los letrados de Carlos Esco y Miguel Ángel Floría, que han recibido hoy el nuevo escrito de la fiscalía, han cuestionado el tiempo del que dispondrán para elaborar sus respectivas estrategias de defensa. Según ha explicado el letrado de Floría, el abogado Juan Monclús, el anuncio hecho por el ministerio de que las pruebas documentales y testificales que se presentarán constituyen un "cambio fundamental" respecto a las planteadas inicialmente podrían motivar la petición de un nuevo aplazamiento a las defensa para valorar su alcance.
