El Estatut cumple cuatro años con 19 traspasos y el recorte del Constitucional

A la espera de concretarse cómo los ejecutivos central y autonómico ejecutan su compromiso de desarrollar aquellos artículos que el TC ha laminado, el balance de estos cuatro años se salda con la nueva financiación autonómica --que CiU ve insuficiente-- y el compromiso del Estado de invertir en infraestructuras un porcentaje equivalente a la contribución catalana al PIB español hasta 2012, cuestionado por el TC.

La gestión de Rodalies es el traspaso más emblemático que se ha conseguido, aunque el servicio sigue siendo gestionado por la operadora estatal Renfe.

También destacan las transferencias de la inspección de trabajo, ordenación del litoral, homologación y convalidación de estudios extranjeros no universitarios, comunicaciones electrónicas, permisos de trabajo para extracomunitarios, notarías y registros y seguridad privada.

Otros traspasos rubricados son el del Hospital Clínic, el observatorio meteorológico del Turó de l'Home y el de la presa de la Llosa del Cavall (Lleida).

Asimismo, se ha dotado con nuevos medios materiales y económicos la administración judicial y el Estado ha autorizado a la Generalitat a usar el efluente de la depuradora del Baix Llobregat.

Ocho competencias más están en negociación: los servicios regionales que hoy en día presta Renfe, becas, la titularidad de las bibliotecas provinciales, el registro de gestores de múltiplex digitales e intervención y disciplina de las entidades de crédito catalanas, entre otros.

41 leyes aprobadas
Mientras, el Parlament ha aprobado 41 leyes que despliegan el Estatut, y ocho más están en tramitación parlamentaria.

Entre ellas, figura la división de Catalunya en veguerías, la creación del Consell de Garanties Estatutàries, la creación del Consell Nacional de la Cultura i les Arts, la de consultas populares, la de Fosas y la de centros de culto, entre otras.

Por su parte, las instituciones estatales han aprobado cuatro reformas que desarrollan el Estatut: la que posibilita nombrar magistrados del TC que representen a las autonomías; el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, que prevé la figura del fiscal de las Comunidades Autónomas; la del reglamento del Senado, la financiación de las autonomías y el estatuto básico del empleado público.