El Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal --por un plazo inicial de seis meses-- la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entre la que incluye el nombramiento de un gestor interino para la entidad.
Así, en la solicitud, explica que, si el juez lo autoriza, el ministro de Cultura, José Guirao, nombrará un gestor interino constituido bajo la forma de una comisión, según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual.
Este gestor asumirá las funciones legales y estatutarias de los órganos de gobierno de la entidad removidos y tendrá como objetivo regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente.
Cultura quiere nombrar un gestor interino para la entidad
En su escrito, Cultura, que recuerda que esta petición se produce tras el apercibimiento emitido el pasado mes de septiembre a la SGAE, también solicita la medida cautelar de remoción de los órganos de gobierno de la sociedad de autores. El Ministerio considera que el apercibimiento enviado el 27 de septiembre a esta entidad de gestión de derechos de autor no ha sido cumplido, transcurridos más de tres meses desde que fuera comunicado, y que concurren "razones de urgencia" para realizar esta solicitud al juez.
En este apercibimiento el Ministerio de Cultura y Deporte requería a la SGAE, para que" subsanara o corrigiera los incumplimientos graves detectados". Entre ellos, presentar al departamento de Guirao la solicitud de aprobación de modificación de sus estatutos, para su adecuación a la LPI.
También la constitución de una junta directiva a través de un procedimiento que "garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembro", incluido el voto electrónico.
Por último, Cultura también exigía adoptar las medidas necesarias que permitieran que el reparto, realizado o a llevar a cabo en el ejercicio 2018, de los derechos por la comunicación pública de obras de su repertorio en televisión, incluyendo la necesidad de que el reglamento de reparto aplicable se ratificara por la asamblea general de la entidad.
