La primer investigación sobre la muerte de Julen fue realizada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil, que se centró en la caída del pequeño y el sellado del pozo.

Mientras que la segunda investigación estuvo a cargo del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA. Se abordó la legalidad de la perforación y del movimiento de tierras realizado en la parcela.

Las medidas de seguridad del pozo eran 'nulas'. Así lo refleja el informe del SEPRONA al que 'Espejo Público' ha tenido acceso. Ni el pozo, ni las obras posteriores, eran legales, según dicho documento.

La investigación apunta como responsable tanto al pocero como al dueño de la finca