Lidia tiene discapacidad intelectual y ha sido esterilizada voluntariamente: "Lo decidí y el proceso fue muy duro"

"Se permite la esterilización de personas con discapacidad solo con el consentimiento de sus representantes legales y la aprobación de un juez", es la polémica ley que durante décadas permitió que en España las personas con discapacidad intelectual ,de cualquier grado, pudieran ser esterilizadas sin su consentimiento. Esta práctica considerada una violación de los derechos humanos por organismos internacionales, permaneció en nuestro país hasta el 2020 cuando una reforma del Código Penal prohibió las esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad.

La esterilización ha sido utilizada como una medida de control reproductivo para las personas con discapacidad intelectual. La mayoría de las esterilizaciones se han hecho a personas con un 20%-30% de discapacidad intelectual que hacen una vida social relativamente normal. Un tema delicado del que aún hay mucho tabú.

"Decidí hacerme la ligadura de trompas, fue muy duro el proceso"

Hablamos con Lidia, una chica con discapacidad intelectual, "mi color favorito es el rosa, tengo 43 años, vivo con mis padres y tengo síndrome de Down mosaico". Lidia es el ejemplo perfecto de que la ley del 2020 era necesaria, decidió esterilizarse de forma voluntaria, "yo me hice la ligadura de trompas que la tengo hecha por el ombligo, lo decidí, fue muy duro el proceso", nos cuenta. Lidia lo hizo porque tenía muchos miedos, "imagínate si sale con una discapacidad, ¿Cómo lo voy a cuidar?, ¿Cómo lo voy a proteger?, se cuestiona.

Cuando preguntamos a Lidia si le gustaría ser madre lo tiene claro, "si, pero no puedo. Me encantaría sentir dentro de mí como crece, como se desarrolla, notar sus pataditas", nos cuenta emocionada.

Su testimonio ayuda a comprender la maternidad y la sexualidad en personas con discapacidad pero sobre todo la libertad de decidir sobre su propio cuerpo.

Diferentes organizaciones reclaman una indemnización para estas mujeres

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial en los últimos trece años se han practicado 1.144 esterilizaciones forzadas. Datos oficiales, porque extraoficiales hay muchas más mujeres que no han sido cuantificadas. Solo en el año 2020, los juzgados de primera instancia resolvieron 54 procedimientos de esterilizaciones a mujeres con discapacidad intelectual sin consentimiento.

Ahora diferentes organizaciones reclaman en el Senado que se indemnice con 30.000 euros a las mujeres con discapacidad intelectual víctimas de estas esterilizaciones forzadas.

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