El juez Martín Pallín, sobre el juicio al fiscal general del Estado: "Yo quiero decir que este juicio nunca debió celebrarse"

Después de las tres primeras sesiones del juicio contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, dos magistrados valoran si la posición del acusado se ha fortalecido o se ha debilitado. "Hay que hacer una valoración conjunta de los correos electrónicos y de las declaraciones de los testigos porque estamos aún en un momento muy inicial, falta llegar a la fase de conclusiones", considera el magistrado Manuel Ruiz de Lara. "Este juicio nunca debió celebrarse", considera, tajante, el exfiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

En la sesión del miércoles declararon como testigos Juan Lobato, quien era diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, y Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete de Óscar López destinada en La Moncloa en el momento de la filtración del correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía dos delitos fiscales de su cliente en busca de una conformidad.

Sánchez Acera aseguró que el pantallazo con el correo se lo envió un periodista, pero no recordaba quién. ¿Hay que creer que no se acuerda?, pregunta Susanna Griso a los magistrados de la Mesa de la Justicia de Espejo Público. "La señora Sánchez Acera, en principio, hay que creerla, no hay indicio que diga que no diga la verdad y, después, esa declaración hay que valorarla en conjunto con otras testificales para determinar quién es el autor de la filtración", responde el juez Ruiz de Lara.

"Los periodistas han sido tajantes"

"Desde 1882 la ley dice que los tribunales dictarán sentencia en virtud de lo oído en el juicio oral, -aporta Martín Pallín-. Está ese testimonio y se ha apelado al secreto profesional (por parte de periodistas que han declarado como testigos), las declaraciones de José Precedo (de eldiario.es) y de Alfonso Pérez Medina (de La Sexta) son tajantes. Todo esto lo tendrá que valorar en su momento el tribunal". Los dos periodistas descartaron que el correo electrónico les llegara a través del Fiscal General y evitaron identificar a sus fuentes por el derecho al secreto profesional.

¿Hay que creer que Sánchez Acera dice que el fiscal no es la fuente y sí un periodista pero no recuerda quién, solo recuerda una parte de esta historia?, inquiere Griso. "Las acusaciones son las que tienen que probar, desvirtuar el principio de presunción de inocencia; si se demostrara de alguna manera que la señora Sánchez Acera o cualquier otro testigo ha incurrido en falsedad en su testimonio ya se derivarían otras consecuencias penales", responde Ruiz de Lara.

"Las conformidades no son secretas"

"Yo quiero decir que este juicio nunca debió celebrarse porque la conformidad es una institución que hemos importado de Estados Unidos y allí a nadie se le ha ocurrido nunca que sea una actividad secreta-, añade Martín Pallín-. El acusado (en referencia a González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y que está pendiente de juicio por dos presuntos delitos fiscales), se ha despojado voluntariamente, se asesoró de su abogado, y se despojó de su derecho constitucional a no declarar y a no confesarse culpable, que es lo que se hace en las conformidades. Ya ha renunciado, en cierto modo, a sus posibilidades íntegras de defensa. Pero el sistema es flexible porque en cualquier momento desde el 2 de febrero en que sale el correo hacia la Fiscalía de Delitos Económicos pudo cambiar. Y en el juicio oral que se celebre por el delito de defraudación fiscal puede cambiar también, por tanto su derecho de defensa está intacto".

El Fiscal General está siendo juzgado por un presunto delito de revelación de secretos por la filtración de ese correo de González Amador, una filtración que él niega.

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