Inquilinos acosados
Inquilinos de varios bloques de Madrid denuncian el acoso de sus caseros: "Han enviado personas a amenazarnos"
Los inquilinos aseguran que la familia dueña de los pisos actúa como un “fondo buitre” para expulsarles y especular con las viviendas.
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En la calle General Lacy, en pleno centro de Madrid, hay un edificio que capta la atención de quienes pasan frente a él. "De mi casa no me echan", "No nos vamos", "72 años pagando". Estos son los carteles que los vecinos del bloque 22 han colocado sobre la fachada de las que eran sus casas.
Los vecinos de este bloque de viviendas viven desde hace meses bajo una presión constante que, según denuncian, busca forzar el abandono de sus viviendas para vaciar el edificio y especular con las propiedades. “Lo que ves es un problema grave de acoso inmobiliario”, explica Blanca, mientras señala la cocina inutilizada por una gotera que la propiedad nunca ha reparado. “No la uso desde hace meses, es peligroso incluso”, lamenta.
La finca pertenece a una familia que, según los residentes, comenzó estas prácticas cuando se cambió la titularidad del edificio debido a una herencia, tras la muerte de una de las propietarias. “Se comportan como un fondo buitre: averías sin arreglar, cortes de luz y gas, intimidaciones… Quieren vaciar el edificio”, denuncia otra vecina.
"Nos intimidan y tabican puertas"
La presión ha hecho efecto. De las casi 50 familias que habitaban el bloque, apenas quedan seis. Muchos no han soportado el hostigamiento y han optado por marcharse.
Bingen, que vive allí desde hace 27 años, relata que su contrato vence el próximo 30 de septiembre y no sabe dónde irá. “Por mucho que busque, todo cuesta el doble de lo que puedo pagar”, cuenta mientras muestra una ventana rota que no cierra. “Nos cortaron la luz y el gas a todos y lo pusieron a su nombre. Pagamos entre 750 y 1.300 euros al mes”.
"Pagamos nuestros alquileres"
Otros vecinos describen una convivencia marcada por el miedo: visitas inesperadas de personas enviadas, averías constantes, presencia policial para identificarlos y la incertidumbre de no saber si, al regresar de vacaciones, encontrarán la puerta tapiada. Meri, que lleva cinco años, lo resume así en Espejo Público: “Es tensión continua, mucho estrés. Nos intimidan y tabican puertas. No sabemos con quién tratamos, solo se comunican por burofax o email”.
Susana, inquilina desde hace 11 años, sigue pagando su alquiler aunque su contrato venció en abril del año pasado. Vive con cinco familiares, incluido un hijo con necesidades educativas especiales. “Mi madre me pide que no me vaya del barrio. Pero no sé dónde terminaré con mis hijos. Vienes de vacaciones y no sabes si vas a poder entrar a tu casa”, nos cuenta entre lágrimas. La mayoría de vecinos que resisten aseguran que no se irán voluntariamente, aunque reconocen que cada día es más difícil vivir bajo estas condiciones. “Nos quedamos, no vamos a abandonar nuestras casas”, repiten.
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