Error informático desconecta las pulseras a maltratadores y deja desprotegidas a cientos de víctimas

Las pulseras telemáticas, gestionadas por el Ministerio de Igualdad y operadas por empresas privadas adjudicatarias, funcionan como la última barrera entre una víctima y su agresor. El sistema enlaza la tobillera del investigado o condenado con el dispositivo que porta la víctima; la radiofrecuencia y el GPS permiten activar alarmas instantáneas si el maltratador se acerca o si se manipula el dispositivo. Hasta ahora, esa inmediatez ha servido para alertar a cuerpos policiales y órganos judiciales y, en muchos casos, evitar lo peor. Ahora, la tecnología que debía protegerlas está fallando.

El fallo que abrió la brecha

El problema surgió en el traspaso entre dos empresas encargadas de la instalación y mantenimiento de los dispositivos tras una nueva licitación. Durante ese proceso se detectaron pérdidas de localización, ubicaciones “congeladas” y desaparición de datos en la plataforma de control. Un error técnico que, traducido al terreno humano, supone la diferencia entre recibir una alarma en mitad de la noche o no saber nunca cuándo el agresor ha violado la orden de alejamiento. Fuentes próximas al caso admiten que durante horas, y en algunos lugares días, la red de protección quedó rota.

Víctimas en vilo

El impacto es inmediato y aterrador: mujeres que habían recuperado cierta tranquilidad vuelven a sentir la amenaza constante, algunas sin siquiera haber sido informadas de manera clara sobre el fallo. La abogada Bea de Vicente, que ha explicado el caso en nuestro plató, subraya la gravedad de que un sistema concebido para salvar vidas dependa de procesos burocráticos y trasvases técnicos que no pueden fallar. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad han reforzado la presencia en las zonas más sensibles y llaman una a una a las afectadas para comprobar que los dispositivos recuperan señal, pero ese refuerzo es parche y la inquietud persiste.

Responsabilidades y urgencia

La gestión depende del Ministerio de Igualdad, que licita y supervisa el contrato, pero la ejecución material recae en empresas privadas. El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de controles más exigentes y protocolos de emergencia que garanticen continuidad absoluta del servicio durante los cambios de adjudicataria. Expertos en contratación pública y asociaciones de mujeres exigen explicaciones: en un servicio cuyo fallo puede costar vidas, el margen de error debe ser cero.

La demanda de las asociaciones

Las organizaciones feministas reclaman transparencia, responsabilidad y medidas concretas para que esto no vuelva a suceder. Piden auditorías inmediatas del sistema, información clara para las víctimas sobre el estado de los dispositivos y la creación de planes alternativos de protección que no dependan únicamente de la tecnología. La abogada Beatriz de Vicente insiste en que, aunque la herramienta es valiosa, la gestión tiene que ser infalible porque de ella depende la seguridad real de muchas mujeres.

El restablecimiento técnico avanza a contrarreloj, pero la herida de confianza ya está hecha. En un país que empeña recursos en proteger a las víctimas, este fallo evidencia que no basta con la intención: la maquinaria, la supervisión y la responsabilidad operativa deben ser igualmente inquebrantables.

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