Dos magistrados, sobre el vacío legal, la anomalía democrática y las dudas que plantea el enjuiciamiento del fiscal general: "No se puede hacer"

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y Manuel Ruiz de Lara, magistrado y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), han mantenido un nuevo e intenso debate apropósito de los dos grandes asuntos de la actualidad jurídica. El primero de ellos ha sido la última decisión del juez Ángel Hurtado de enviar a Álvaro García Ortiz al banquillo.

El motivo de su procesamiento es un supuesto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En el auto judicial además a García Ortiz se le impone una fianza de 150.000 euros para afrontar una posible indemnización.

"La fianza me parece innecesaria"

Era la primera opinión que emitía desde su experiencia Martín Pallín. El magistrado consideraba que la elevada fianza contradice el principio de presunción de inocencia: "Si existe absolución, se acabó lo que se daba. Si hay condena será el tribunal el que fije la indemnización en función de la reclamación (…) A mi me parece absolutamente innecesaria".

"El Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede hacer", terminaba Pallín.

"Una medida cautelar prevista en la Ley"

Las diferencias de criterio de Ruiz de Lara eran más que evidentes. El también magistrado aprecia que la debatida fianza tiene perfecta cabida en la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Tiene como objetivo asegurar las responsabilidades civiles que podrían derivarse del delito y no condicionan la presunción de inocencia".

Apuntaba Ruiz de Lara que el juez Hurtado no será parte del tribunal que juzgará a García Ortiz, recordando que el F.G. puede recurrir la decisión a la Sala de lo Penal si considera excesiva la fianza.

¿Existe un vacío legal?

El juez sostiene en su auto que se ha encontrado con un vacío legal en cuanto a tomar medidas respecto a la continuidad de García Ortiz en el cargo.

Martín Pallín expresaba lo siguiente tras explicar que el cese del fiscal general se blindó "para evitar injerencias" en el año 2007 con el voto favorable del Partido Popular: "Luego no hay ningún vacío legal, está llenísimo".

Por su parte Ruiz de Lara ponía de manifiesto la "situación inédita en democracia" que plantea el caso dado que "no está prevista la suspensión del fiscal general cuando se le abre juicio oral".

El magistrado y portavoz de la PCIJ esgrimía dos motivos por las que considera que lo apropiado sería que García Ortiz dejara su puesto al frente de la Fiscalía: "No parece muy razonable que quien tiene que ser máximo garante de la legalidad, en la condición de procesado, siga continuando en el cargo. (...) A cualquier fiscal y cualquier magistrado, si le abren juicio oral, se le suspende. (...) Y la fiscal que va a llevar el caso es su subordinada jerárquica, entonces siembra una duda".

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