Caso Begoña Gómez

Las discrepancias entre un profesor de Derecho Constitucional y un magistrado sobre el caso Begoña: "Son manifestaciones delirantes, paranoicas"

En la Mesa de la Justicia, de Espejo Público, un catedrático de Derecho Constitucional cree que en el 'caso Begoña' hay que "diferenciar lo ético de lo jurídico".

La Mesa de la Justicia analiza el "caso Begoña"

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Dos nuevos informes aportados al sumario del 'caso Begoña Gómez' pone en dificultades a la esposa del presidente del Gobierno. Un informe de la UCO de la Guardia Civil pone de manifiesto que las gestiones que habría hecho su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, para sus actividades privadas no fueron esporádicas, sino que se prolongaron durante, al menos, tres años. Otro informe, de la Intervención General de la Administración del Estado, del Ministerio de Hacienda, detecta posibles irregularidades en dos contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, investigado junto a Begoña Gómez y a quien ella habría recomendado para esas adjudicaciones. ¿Suponen estos informes nuevas dificultades para Begoña Gómez? Lo analizan dos expertos jurídicos.

"No son pruebas, son indicios de la comisión de un delito, las pruebas se verán en el juicio", matiza el magistrado Jesús Villegas antes de responder a la pregunta. Y continúa: "En primer lugar, esta señora tiene derecho a no decir la verdad, pero es evidente que ha faltado a la verdad porque dijo que era algo ocasional o transitorio y ahora los informes (de la UCO) nos dicen que fueron más de cien correos electrónicos, por lo que hay indicios de que esta señora tiene algo que ocultar". Villegas, que es portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, añade que "la calificación definitiva del delito se determinará más adelante, ahora estamos con los hechos y aquí hay indicios de algo huele mal, por lo que la investigación debe seguir adelante porque a medida que va avanzando vamos viendo cosas que no son nada tranquilizantes".

"Hay que diferenciar lo ético y lo jurídico"

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, no ve tan clara la existencia de delito. "Hay una diferencia entre lo ético y lo jurídico-, comienza en su respuesta-. Con los mail que estamos viendo en un informe elaborado en dos días parece que Cristina Álvarez colabora con Begoña Gómez más de la cuenta, pero para que haya un delito (de malversación) hace falta unos requisitos: que la persona que delinque sea funcionario y que haya una malversación de usos, es decir, que se hayan desviado fondos públicos y haya habido una pérdida patrimonial para el Estado". Tanto Begoña Gómez como Cristina Álvarez han declarado que esa colaboración en las actividades privadas siendo empleada pública fue algo esporádico y como un favor personal. El informe de la UCO detalla hasta 121 correos de Cristina Álvarez durante tres años sobre las actividades privadas de la esposa de Pedro Sánchez.

"Aquí hay indicios pero es prematuro para decir que hay un delito, pero lo que hay huele muy mal y se están intentando ocultar cosas", considera el magistrado Villegas. "Es muy difícil valorar si lo hacía en su tiempo libre o en horas de trabajo, cuántas horas empleó y con qué intensidad-, considera, en cambio, el catedrático Urías-. Por ahora hay indicios de que la persona que trabajaba como asistente también le ayudaba en cuestiones personales, algo que éticamente merece un reproche, pero para que reúna condiciones de delito de malversación hace falta más intensidad y yo, por ahora, no me atrevería a decir que ha perdido la presunción de inocencia, lo que hay son indicios para ahondar" en la investigación.

"Hay un hilo del que tirar"

Sobre los indicios de irregularidades en los contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, el magistrado Villegas valora el origen de ese informe. "Los indicios de estos contratos provienen de la Intervención General de la Administración del Estado, que es un organismo no sospechoso ni de lawfare ni de querer perjudicar al Gobierno porque, de hecho, pertenece al Ministerio de Hacienda-, señala Villegas-. La conclusión es que todo eso de que esto es una campaña contra el Gobierno, de si se está persiguiendo a esta señora porque es consorte de quien es, de si es una investigación politizada, son manifestaciones delirantes, paranoicas; se está desarrollando un proceso con racionalidad para buscar la verdad, hay indicios, hay un hilo del que tirar".

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