Una asociación pide a la Fiscalía que prohíba el uso de imágenes de menores en 'Entre todos'

El programa que presenta Toñi Moreno en TVE1 sigue recibiendo críticas y las denuncias. La última en denunciar ha sido la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que ha solicitado a la Fiscalía su intervención contra el espacio de La 1 por la "ilegítima" y "denigrante utilización" de los menores, que aparecen en televisión de "forma mendicante".

Esta asociación ha solicitado a la Fiscalía que prohíba el uso de imágenes de niños en el programa de la cadena pública ya que fomenta la mendicidad infantil y no preserva la intimidad de los menores de edad que son perfectamente identificables en su entorno. Además, asegura que este programa utiliza a los menores de edad para generar compasión a los espectadores y, de esta forma, conseguir con mayor facilidad la ayuda que necesitan sus familiares.  

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sostiene que no se preserva en absoluto la intimidad de los menores, ya que aunque su rostro aparezca pixelado, "es perfectamente reconocible por su entorno porque salen sus padres, sale su casa, su lugar de residencia y su nombre y apellidos. Por ello, piden a la Fiscalía que tome medidas para que dejen de salir menores en un programa que, en su opinión, exhibe de forma obscena las penurias de familias desesperadas y denigra el concepto de solidaridad.

Pero, ésta no es la primera denuncia. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), ha exigido en numerosas ocasiones a RTVE la retirada del programa por proyectar una imagen distorsionada de los derechos, la inclusión y participación de las personas discapacitadas en la sociedad. También, el Ministerio Fiscal presentó, recientemente, una demanda contra este programa y su productora, Proamagna, por vulnerar, presuntamente, los derechos a la imagen y a la intimidad personal y familiar de un niño con discapacidad.

La Fiscalía considera que se utilizó la imagen del niño enfatizando su discapacidad "con fines conmiserativos" y mendicantes, aludiendo reiteradamente a datos sensibles de su vida familiar. Además, el menor era fácilmente identificable, pues se facilitaron datos personales del padre e inciales del menor, lo que vulnera el artículo 3 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y la propia imagen. Por todo ello, la Fiscalía pide una indemnización para el niño de 15.000 euros por daños y perjuicios.