Viento a favor: Europa desbloquea el desarrollo eólico paralizado en Galicia

En los últimos años, Galicia se ha convertido en el escenario de una compleja batalla jurídica en torno a los proyectos de energía eólica. El conflicto giraba entorno al procedimiento legal que se había seguido para evaluar sus posibles impactos ambientales.

La Xunta de Galicia utilizó para ello la Ley estatal 21/2013 de evaluación ambiental, una norma que lleva más de una década en vigor y que transpone al ordenamiento español la Directiva europea 2011/92/UE sobre evaluación de impacto ambiental. Desde 2013, este procedimiento se ha venido aplicando en todo el territorio español de forma homogénea, sin que hasta ahora hubiera sido cuestionado judicialmente.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) abrió una vía inédita: consideró que la Xunta no respetaba adecuadamente los pasos de información y consulta pública exigidos por la normativa comunitaria. Según el TSXG, hacer ambos trámites de forma simultánea (como permite la ley española) podía limitar el derecho de la ciudadanía a participar con suficiente antelación y conocimiento.

Por esta razón, el tribunal gallego elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2023, congelando provisionalmente 86 parques eólicos y bloqueando casi 2.500 megavatios (MW) de potencia instalada, lo que representa una inversión estimada de 3.000 millones de euros.

Este 1 de agosto de 2025, el TJUE emitía su sentencia: avala el procedimiento seguido por la Xunta, considerando que se ajusta a la normativa europea. En concreto, señala que la legislación estatal cumple con las exigencias de participación pública y transparencia, y que la tramitación simultánea de información y consulta es válida si se garantiza que los ciudadanos pueden formular observaciones con suficiente antelación.

Este pronunciamiento no modifica las leyes existentes, pero fija criterio legal sobre cómo deben interpretarse a la luz del derecho comunitario. En consecuencia, el TSXG ya no tiene base para mantener los procedimientos paralizados, y se espera que en las próximas semanas se retomen las causas judiciales.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, asistió a la lectura pública en Luxemburgo y valoró positivamente el fallo. Afirmó que la sentencia “garantiza la seguridad jurídica” que demandaban tanto la Xunta como el sector energético.

Además de poner fin a un bloqueo judicial que no se daba en ninguna otra comunidad autónoma ni país europeo, la sentencia permite acelerar la transición energética de Galicia. Según datos oficiales, los parques paralizados permitirían evitar la emisión de más de 2,5 millones de toneladas de CO₂ al año, una cantidad equivalente al impacto climático de unos 2 millones de coches circulando durante un año.

De ponerse en marcha todos los proyectos pendientes, Galicia podría reducir, según el gobierno autonómico, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 75 % respecto a 1990, el año de referencia utilizado en los acuerdos internacionales sobre cambio climático.

Varios colectivos ambientalistas y vecinos han expresado durante años su preocupación por la concentración de parques eólicos en zonas rurales o de alto valor paisajístico, por los procesos de participación limitados, y por los beneficios económicos escasamente redistribuidos en los territorios.

Por otro lado, empresas del sector han denunciado la inseguridad jurídica vivida en los últimos tres años, que ha llevado a la congelación de inversiones millonarias, a la pérdida de empleo y a retrasos en los compromisos climáticos.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE podría desbloquear más de 2.400 MW de potencia renovable paralizada desde 2022, pero reabre el debate sobre cómo deben gestionarse los proyectos energéticos en un contexto democrático y sostenible.

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