Tres niños sordos, excluidos de las escuelas infantiles municipales de Las Palmas

Pese a figurar como admitidos en las listas definitivas publicadas el pasado 4 de junio por el Ayuntamiento, estas familias no han podido escolarizar a sus hijos en los centros previstos. La decisión, que afecta a tres menores de entre uno y dos años, ha provocado que sus padres hablen de discriminación y preparen recursos legales.

”En caso de incendio, el niño no oye”

Ismael Gil Santos y Evelyn Arencibia Fuentes tienen dos hijos, Eiden y Enzo, ambos con discapacidad auditiva. Su caso es similar al de Juan Castro y Marta Ortega, padres de Kirian, de un año y cinco meses. Los tres niños aparecían en la lista de admitidos en la escuela infantil municipal de La Feria, donde incluso completaron los trámites iniciales y abonaron las cuotas requeridas (28 y 24,95 euros, respectivamente). Sin embargo, semanas después recibieron la negativa oficial.

Según relatan las familias, en un primer momento no se les advirtió de ningún impedimento. Tras entregar la documentación, fueron identificados directamente como “los padres de los niños sordos” y se les comunicó que sus hijos no podían matricularse. Uno de los argumentos recibidos fue que “si hay un incendio, el niño no oye”. Una explicación que califican de absurda, recordando que en el centro también hay bebés que dependen de la ayuda del personal en caso de emergencia.

Un informe desfavorable

El Ayuntamiento justifica la decisión en un informe técnico del Departamento de Orientación de la empresa gestora UTE Trasa Escuelas Infantiles, en el que se concluye que “los menores necesitan apoyos y recursos específicos que los centros no pueden proporcionar actualmente”. Así se recoge en la resolución firmada el 9 de julio por el jefe de las Escuelas Municipales de Educación Infantil, donde se señala que no es posible garantizar su “correcta inclusión y desarrollo dentro del entorno escolar”.

Las familias, sin embargo, consideran estas explicaciones una “excusa”. Recuerdan que la ley obliga a la Administración a garantizar la educación inclusiva desde el nacimiento y subrayan que en el tramo de 0 a 3 años no es obligatorio contar con intérpretes de lengua de signos o logopedas. Además, el hijo mayor de Gil Santos ya estuvo en una guardería privada y, según certifica la dirección del centro, estuvo “plenamente integrado”.

Setecientos sesenta euros en una guardería privada

Ismael Gil presentó un recurso de reposición el pasado 11 de agosto, que la Administración debe responder antes del 11 de septiembre. De no hacerlo, acudirá a los tribunales. “Tienen derecho a estar ahí”, reivindica este padre, que asegura contar con el respaldo de la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas y del Grupo Servidis.

Mientras tanto, su familia se ve obligada a pagar 760 euros mensuales por dos plazas en una guardería privada, un gasto que consideran inasumible a largo plazo. En el caso de Juan y Marta, la situación es aún más crítica, ya que no cuentan con recursos suficientes para costear una alternativa, lo que podría derivar en aislamiento para su hijo.

Estas familias insisten en que sus hijos están siendo víctimas de una exclusión injustificada y que la sordera no debe ser una barrera para acceder a la educación infantil pública

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