Galicia
Seis jóvenes de Lugo, investigados por hacer caballitos en la vía pública y subirlo a Internet
La Guardia Civil está investigando a varios jóvenes por un posible delito de conducción temeraria. Ante la gravedad de los hechos, se ha procedido al decomiso de cuatro motocicletas.
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La ya conocida como operación ‘Wheelie’, término que en inglés hace referencia al 'caballito' y otras acrobacias similares, se salda con seis investigados, todos ellos vecinos de Lugo y Lalín (Pontevedra). La operación policial ya había comenzado a finales del año pasado, tras detectar en redes la publicación de varios vídeos.
El material que publicaban en redes, incluso con resonancia a nivel internacional, contenía todo tipo de piruetas e infracciones: derrapes, ponerse de pie o de rodillas en el asiento, conducir sin manos o incluso invasiones de carriles en carreteras con tráfico en ambos sentidos.
En total, la Guardia Civil ha detectado 21 situaciones en donde se podría haber producido un delito de conducción temeraria, la mayoría en calles y carreteras de la capital lucense, pero también en Guntín, Portomarín, O Páramo y Friol, aunque hay ejemplos por toda la provincia. Los jóvenes utilizaban motos y quads para realizar estas acrobacias, que luego publicaban.
Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, las conducciones que se investigan se realizaban “estando inmersos en la circulación, contraviniendo las más elementales normas de seguridad y coincidiendo en la zona no solo con otros vehículos, sino también con usuarios vulnerables”. De hecho, ciclistas, peatones u otros usuarios llegaron a recriminar a los jóvenes el riesgo que tenían las maniobras que estaban realizando, al suponer un riesgo evidente de sufrir un accidente.
Las diligencias las lleva el Juzgado de Primera Instancia de Lugo y, por el momento, se ha procedido al decomiso de cuatro motocicletas, debido a la reincidencia de los infractores.
Para este tipo de delitos, el Código Penal establece penas de cárcel entre los dos y los cinco años, multa de doce a veinticuatro meses e incluso privación del derecho a conducir durante un período de seis a diez años.
En 2022 se dictaron en España 104.660 sentencias condenatorias por delitos relacionados con la seguridad vial, un 10% más que el año anterior. Nunca antes se habían superado las 100.000 condenas.
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