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Pontevedra

Se salta un control y trata presuntamente de atropellar a un agente de la Guardia Civil en Pontevedra

La Guardia Civil de Pontevedra investiga a un joven de 23 años por presuntos delitos de atentado contra agente de la autoridad y contra la Seguridad Vial. No sólo no paró en un control, aceleró. El hombre se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de prisión.

La Guardia Civil de Pontevedra investiga a un joven, de 23 años y natural de la localidad de Barro, por los delitos de atentado contra agente de la autoridad y contra la Seguridad Vial. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de mayo en el punto 6.300 de la carretera PO-532, cuando una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil dio el alto a una vehículo en un control preventivo de drogas y alcohol.

Aceleró al ver el control y casi atropella a un agente

El conductor, lejos de reducir la velocidad, aceleró e hizo caso omiso de las señales de los agentes, dándose a la fuga por otra vía aledaña. Poco después le localizaron, le dieron el alto por segunda vez y el hombre continuó con la huída después de realizar una maniobra brusca que, apunta la Guardia Civil, tenía la clara intención “de atropellar a uno de los guardias civiles”. El hombre se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de prisión.

A la espera de la pena que decida el juez

De nuevo continuaron las pesquisas pero fue el mismo joven el que se personó en las dependencias del cuerpo de Pontevedra, dos días después del incidente y acompañado ya de un abogado. Por ahora se le acusa de un delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la Seguridad Vial con conducir un vehículo tras haber perdido todos los puntos de su carnet.

Ahora será en los juzgados de la ciudad en los que se decidirá cuál es la pena a la que se enfrenta. Por el delito de atentado la condena oscila entre los tres y los cuatro años de prisión; y por el delito contra la Seguridad Vial se enfrenta a una pena de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor en un tiempo mínimo de uno hasta los cuatro años.

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