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Estado de alarma

Preocupación de las comunidades autónomas ante el fin del estado de alarma

El ministro de Justicia y el presidente del Tribunal Superior de Andalucía no se han puesto de acuerdo a la hora de informar sobre si es posible que las comunidades autónomas gestionen por su cuenta lo que queda de estado de alarma.

Uno de los asuntos polémicos más candentes en las últimas horas es lo que ocurrirá en este último mes de estado de alarma en las comunidades autónomas, se habla sobre si es posible que las comunidades autónomas son capaces de gestionar por su cuenta lo que resta de pandemia.

El estado de alarma terminará el próximo 9 de mayo, en un acto celebrado en Andalucía, el minsitro de Justicia y el presidente del Tribunal Superior de Andalucía no han conseguido ponerse de acuerdo en este tema.

"Hay un elenco de medidas que se pueden adoptar desde los ámbitos autonómicos pero especialmente locales que nos van a permitir en este tramo final salir con holgura", ha explicado Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.

Por otra parte, Lorenzo del Río, presidente del Tribunal Superior de Andalucía ha expresado una idea completamente diferente: "Si hay una afectación intensa de derechos de reunión, de manifestación, de desplazamiento, circulación... las comunidades autónomas no tienen capacidad normativa para esa intensidad", ha asegurado.

Cuando finalice el estado de alarma el 9 de mayo, 6 meses después de que se anunciara en noviembre, las comunidades volverán a tener las riendas de las medidas que implantan en su territorio para luchar contra el virus.

Esta situación ya ocurrió entre mediados de junio y octubre del año pasado, después de que se levantara el estado de alarma y los ejecutivos autonómicos asumieran el control para gestionar la nueva situación.

Aquel intento terminó en un goteo de resoluciones judiciales, muchas veces contradictorias, una situación que varios juristas temen que se repita ahora, ya que, sin la protección del estado de alarma, todas las limitaciones de derechos fundamentales que adopten las comunidades requerrirán un aval judicial.

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