Okupación

La ocupación continúa aumentando y se ha vuelto una preocupación más para el 42% de la población, según encuestas

Desde que se puso fin a la pandemia, los casos de ocupación no han dejado de aumentar en nuestro país.

Una nueva preocupación irrumpe en la sociedad española, la ocupación. Según señalan algunas encuestas, el 42% de la población está preocupada debido al aumento que se ha dado.

Desde que se puso fin a la pandemia, las restricciones continuaban marcando nuestro día a día, lo que supuso que los desplazamientos también se limitaran temporalmente, por lo que aquellos que tenían segundas residencias no podían acudir hasta ellas. Esto fue uno de los factores del aumento de la ocupación.

Ese aumento a día de hoy continúa creciendo, por lo que muchas personas –con segundas residencias o sin ellas– se han planteado en instalar alarmas en sus hogares. Mientras que aquellos que ya las han sufrido, han tenido que acudir a empresas antiokupas para poder desalojar su vivienda.

En la Comunidad Valenciana, a diez minutos de la capital del Turia, se encuentra lo que han denominado el epicentro okupa. Una zona residencial en la que sus vecinos tienen que convivir con los okupas y aseguran tener miedo. Además, afirman que se han hecho con todo el barrio.

Desalojo en 48 horas

El Partido Socialista de Pedro Sánchez propuso el pasado mes de septiembre en el Congreso una nueva medida para la ocupación. Dicha medida permitiría a los jueces expulsar a los okupas en un plazo máximo de dos días, desde el momento en el que el propietario presenta la denuncia o desde que se recibe el atestado policial.

Desde el PSOE explican que ven "necesario" establecer la medida cautelar de desalojo y restitución de la casa cuando se aprecien "sólidos indicios de la ejecución del delito de allanamiento o usurpación". Además, la medida también establece un proceso en el caso de que quienes ocupen sean menores.

Para ello, los socialistas proponen que un tribunal o juez sea quien lo comunique de manera "inmediata" a la entidad pública local o autonómica competente respecto a servicios sociales y de protección de menores.