Personas desaparecidas
El nuevo plan de Personas Desaparecidas prioriza la atención a familias y la resolución de casos antiguos
Un presupuesto de 5,1 millones de euros, cinco líneas de acción, 13 objetivos y 102 medidas para reforzar la prevención, la investigación y la coordinación de los cuerpos policiales, además de un nuevo Protocolo Unificado de Actuación.
Publicidad
La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha presentado este lunes el segundo II Plan Estratégico en materia de Personas Desaparecidas, que estará vigente entre 2026 y 2029 y para el cual se ha asignado una dotación presupuestaria de 5,1 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de tres millones respecto al plan anterior.
Este nuevo plan pone como objetivo prioritario la atención a las familias afectadas por desapariciones de larga duración, aquellas que llevan años sin saber qué ha ocurrido con su ser querido. “Debemos dar una respuesta a quienes, después de muchos años, continúan sin saber qué pasó con su ser querido. Debemos seguir trabajando con la máxima consideración posible al lado de las familias para mitigar en lo posible una situación tan dolorosa”, ha señalado Calvo durante el acto, al que asistieron asociaciones, representantes de los cuerpos policiales y otras instituciones implicadas.
El documento da continuidad al primer plan (2022-2024), presentado por Fernando Grande‑Marlaska el 4 de marzo de 2022, que se convirtió en una referencia para las instituciones implicadas. La elaboración de este segundo plan ha sido coordinada por la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior y ha recogido las aportaciones del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, de los cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra, así como de fundaciones y asociaciones que representan a personas desaparecidas.
Cinco líneas de actuación y más de cien medidas
El plan se organiza en cinco líneas de actuación prioritarias, que son:
- Prevención y sensibilización
- Formación de los agentes y profesionales implicados
- Medidas tecnológicas para la investigación y resolución de casos
- Atención a familiares y allegados
- Colaboraciones nacionales e internacionales.
De estas líneas se derivan 13 objetivos específicos y un total de 102 medidas a implantar durante el periodo de vigencia.
En la línea de prevención se incluye la realización de campañas dirigidas a los colectivos más vulnerables, como mayores con enfermedades neurodegenerativas y adolescentes de entre 13 y 17 años, con especial atención al uso de redes sociales. También se pondrá en marcha el registro nacional denominado 'Derecho a desaparecer' y se impulsará la creación de un estatuto básico de la persona desaparecida.
En cuanto a formación, se prevé la continuidad del programa iniciado con el primer plan para las unidades de Policía Judicial, y se ampliará la capacitación en los centros formativos de los cuerpos policiales y en otras instituciones públicas y privadas como la judicatura o los colegios de farmacéuticos.
En tecnología, el plan contempla reforzar el uso de herramientas predictivas en las unidades territoriales de investigación, desarrollar una plataforma "inteligente y multirrespuesta", mejorar alertas y cartelería, impulsar colaboraciones ciudadanas y realizar simulacros que muestran la capacidad operativa desplegada ante desapariciones.
Para los casos de larga duración, se prevén estudios lofoscópicos, es decir, identificación de restos humanos sin identificar y armonización de la Base de Datos Policial de Identificadores Obtenidos por ADN, con el objetivo de resolver casos antiguos aún abiertos.
La línea de atención a las familias, reforzada en este plan, mantendrá reuniones más frecuentes con fundaciones y asociaciones, impulsará investigaciones en casos prolongados, aprobará un código deontológico, actualizará el mapa de recursos disponibles y colaborará con organismos especializados como el Centro de Referenca del Alzheimer (CREA).
En lo que respecta a colaboraciones nacionales e internacionales, el CNDES trabajará para exportar los protocolos que han funcionado en España en el ámbito de la Unión Europea, integrándose en organismos supranacionales y estrechando vínculos con centros homólogos para intercambiar buenas prácticas, en especial en la protección de menores.
Nuevo Protocolo Unificado de Actuación
Paralelamente al plan, el Ministerio del Interior ha aprobado el nuevo Protocolo Unificado de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de Personas Desaparecidas, resultado de dos años de trabajo conjunto entre el CNDES y los cuerpos policiales implicados. Según la directora del CNDES, Pilar Muniesa, "cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad trabajan juntos, coordinados y comparten procedimientos, los resultados mejoran exponencialmente".
Este protocolo define una definición común de persona desaparecida, modifica la categorización tradicional (ahora: consciente, involuntaria y delictiva), y unifica la cartelería oficial utilizada por todos los cuerpos policiales, facilitando además el ejercicio del derecho a supresión del rastro digital.
También se establece un sistema único de gestión de alertas, con dos niveles de gravedad: "Alerta desaparición" y "Alerta alta vulnerabilidad". Se mejoran los canales de comunicación entre los centros de acogida de menores y las fuerzas policiales mediante un formulario único de denuncia, y se asigna un interlocutor policial permanente para cada caso, con el fin de que las familias dispongan de un contacto único a lo largo de todo el proceso.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Publicidad
